El Estado venezolano impuso una escala salarial que no está acorde con la realidad de los profesores universitarios, al tiempo de desconocer a sus organizaciones sindicales y gremiales.

Así lo dio a conocer el profesor Hernán Azócar, vocero de la Alianza Democrática en Monagas quien advirtió que como saldo de años anteriores, los docentes tienen:

«La sustitución del derecho a la negociación colectiva por una convención írrita refrendada con una federación paragubernamental antiuniversitaria. El secuestro de las nóminas y con ellas, las retenciones de los salarios de nuestros agremiados como aporte a sus asociaciones, de los aportes a las cajas de ahorro y de los acuerdos federativos. Una nueva reconversión que de la mano con la hiperinflación terminó de liquidar nuestra capacidad de compra. La destrucción de las prestaciones sociales y de la seguridad social. Pagos irregulares y a destiempo de los montos impuestos por el mismo gobierno como remuneración a nuestro trabajo. La violación de la autonomía universitaria y de los recintos universitarios, en especial de la sede de la Universidad Central de Venezuela, así como el despido indirecto de todo el personal al desconocer el valor del trabajo académico, pulverizar los salarios y convertirlos en humillantes propinas».

Resaltó Azócar que los profesores universitarios monaguenses y de todo el país, comenzaron un nuevo año sin condiciones, bajo cualquier modalidad para la docencia de excelencia que les caracteriza.

«La sola ausencia de salario determina esa imposibilidad, pero a ella hay que agregarle la deplorable situación de la infraestructura de las universidades, la falta de recursos materiales de las universidades para garantizar la actividad académica, la llegada a Venezuela de la variante Ómicron del Covid-19, altamente contagiosa y cuyos efectos a largo plazo aún se desconocen, y la crisis irresoluta de servicios esenciales de electricidad e internet».

Autoridades universitarias tienen que solventar esta situación

En consecuencia, exhortamos a las autoridades universitarias a reconocer este hecho objetivo, a coordinar con nuestras asociaciones las respuestas necesarias y, sobre todo, a no exigirle imposibles a nuestros agremiados.

Es indispensable que las autoridades entiendan la situación que están viviendo las universidades y sus trabajadores y busquen soluciones reales que no pueden incluir medidas coercitivas contra una comunidad que ha defendido por años a la universidad y que hoy se encuentra materialmente impedida de cumplir su trabajo en condiciones normales.

Para 2022, no esperamos un comportamiento diferente, al intentar destruir el pensamiento plural y la educación en todos sus niveles. «Está en las manos de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades venezolanas, junto al resto de trabajadores y el sector estudiantil, generar rutas para la salvación de la institución universitaria, la recuperación de nuestro poder adquisitivo, la restitución de nuestros derechos sociales y humanos y la recuperación de nuestras libertades».

En tal sentido, éste debe ser un año de renovación del liderazgo universitario y gremial, de organización y reunión de la comunidad académica para labrar un camino común de solidaridad, porque los universitarios la están pasando muy mal.