Actualmente en Venezuela y fuera del país muchos empresarios, comerciantes y personas naturales, han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, Ofac, por haberse relacionado con personas que tienen prohibido por este organismo hacer negocios o efectuar actividad financiera.
El abogado Pablo Verdú, especialista en derecho penal, procesal penal, experto en prevención de legitimación de capitales delitos financieros y económicos, explica que es necesario asesorarse debidamente.
Asesoría e investigación para sancionados
El especialista indicó que a través del Escritorio Jurídico Pablo Verdú y Asociados, ofrece a las personas afectadas asesoría e investigación que les permitirá demostrar cuál fue el motivo por el cual estuvieron vinculados con la persona de la lista de Ofac. El propósito, enfatizó, es orientar a estos ciudadanos en cuanto a su defensa y el procedimiento ajustado a la ley, pudiendo comprobar que no están incursos en delitos de actividades que financian terrorismo, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, entre otras.
Explica que la Ofac es un organismo que depende de la Oficina de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de EE.UU, cuya función es aplicar y administrar sanciones económicas a diferentes países o personas para prevenir que su sistema financiero sea utilizado con fines contrarios a su política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos.
Desde Venezuela y en alianza con los asociados en Miami, Florida, dijo Verdú, “se les brinda asesoría y consultoría, para prevenir que algún ciudadano pueda verse involucrado en hechos vinculados a los delitos contemplados por la Ofac, por falta de información, o por falta de actualización con respecto a la normativa vigente en los Estados Unidos, reiteró que en ningún momento se trata de evadir las sanciones”.
Alcance de las órdenes ejecutivas
Señaló el jurista, que cuando una persona resulta sancionada por Ofac esto representa su muerte financiera, toda vez que se les prohíbe cualquier transacción económica con el sistema financiero local e internacional, así como cualquier operación o negocio con cualquier compañía.
En este mismo orden de ideas, agregó que cuando se emite una de estas órdenes, las visas americanas de estas personas y de sus familiares son suspendidas, revocadas, anuladas, debido a que existe una investigación que cursa con algún familiar, socio o empresa con quien estableció relación comercial, en ese caso toca demostrar cual fue el motivo del vínculo con el sujeto.
La finalidad de la consultoría jurídica es evitar que por desconocimiento y producto de sus relaciones comerciales o familiares, sean alcanzados por estas medidas, provocando que sus propiedades en Estados Unidossean sean confiscadas, las cuentas bancarias en ese país congeladas, visa y entrada al territorio inhabilitadas.
Asistencia jurídica ante la Ofac
Recalcó Verdú que existen alternativas o soluciones jurídicas para los ciudadanos que han sido perjudicadas con estas órdenes por sus relaciones. Una vez demostrado el origen de sus fondos económicos y de sus bienes, estos pudieran activar sus cuentas y recuperar el acceso a estos.
En anteriores oportunidades, explicó “hemos asistido a ciudadanos , empresarios y comerciantes venezolanos que se han visto afectados por las medidas tomadas por los Estados Unidos y otros países con respecto a las sanciones, cuando están siendo de alguna forma vinculados o relacionados con estas sanciones, nosotros como abogados, los hemos asesorado mediante las relaciones, con nuestros socios en los Estados Unidos y así aclaramos la situación ante las autoridades americanas, lo hemos obtenido con mucho éxito”, puntualizó.
Indicó que por ejemplo si un ente de Venezuela ha sido sancionado, no tiene porqué un subcontratista estar sancionado y tener su dinero congelado, esa persona tendrá la opción de desbloquear sus cuentas bancarias que han estado congeladas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. “No quiere decir esto que las personas que están sancionadas en la lista Ofac, puedan salir de estas medidas, esto no es a lo que hacemos referencia, sin embargo en algunas ocasiones los socios, los accionistas, familiares y vinculados si pudieran resultar arrastrados en estas órdenes ejecutivas, lo que se hace es comprobar que estos ciudadanos no tiene relación directa con la persona sancionada, por lo tanto se han podido conseguir licencias para descongelar estos fondos. En el caso de las sanciones impuestas tanto al gobierno como a las personas de Venezuela existen licencias que permiten la realización de transacciones”.
Continuar en el ejercicio de sus labores
Resaltó que como abogado especialista en la materia, tiene las relaciones para asistir a las personas con problemas que trabajaron con empresas del Estado que han sido sancionados, se trata de demostrar que no es lavado de dinero, que no proviene de hechos de corrupción, sino que sus fondos provienen de su trabajo en Venezuela y otros países, esta situación es aclarada ante la Ofac para que puedan de nuevo recuperar su reputación y continúen realizando sus actividades y negocios.
Verdú hizo referencia a una ocasión cuando, desde la Ofac se dijo que todo el dinero que viniera del BCV debía ser congelado, se congelaron miles de cuentas, hasta que se envió una aclaratoria por parte de bancos de La Florida explicando que el BCV, sólo liquidaba los dólares por ser el único ente facultado para habilitar esos fondos, una vez hecha la aclaratoria, la Ofac hizo una modificación a la orden ejecutiva y descongeló todas las cuentas.
Finalmente, garantizó que como consultor y en conjunto con los socios en Estados Unidos, se realiza una constante investigación, revisión permanente de las órdenes ejecutivas genéricas de la Ofac que a futuro pueden ser aclaradas y modificadas.
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