Huelga de médicos en Madrid se convierte nuevamente en el foco del conflicto en el ámbito sanitario. Los días 14 y 15 de enero, sindicatos de médicos de diversas regiones como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias han convocado dos jornadas de paro para exigir un Estatuto específico que beneficie a los profesionales médicos y sanitarios.
La convocatoria de huelga es promovida por los sindicatos autonómicos que forman parte de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y tiene como destinatarios tanto al Ministerio de Sanidad como a las diferentes comunidades autónomas.
Huelga de médicos en Madrid
La convocatoria se produce apenas una semana después de que los sindicatos médicos se unieran para manifestar su desacuerdo con el preacuerdo del Estatuto Marco firmado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.
Asimismo, ocurre poco tiempo después de la última huelga médica nacional, llevada a cabo el pasado diciembre y organizada por el Comité de Huelga, que incluye a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Este paro ocurre luego que la ministra de Sanidad, Mónica García, remita una carta a las comunidades autónomas en la que aborda la trascendencia de las peticiones planteadas por los sindicatos médicos y su impacto directo en la planificación, la gestión y la financiación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En el documento, la ministra enfatiza que el eventual abordaje de estas demandas requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas, al ser estas las administraciones competentes en estas materias.
La carta está relacionada con las protestas organizadas por los sindicatos de médicos y las demandas presentadas por el Comité de Huelga.
Según expone García, estas peticiones presentan “una naturaleza y un alcance que exceden el contenido propio del Estatuto Marco”, ya que afectan de forma directa al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos, especialmente en aspectos relacionados con “la organización del trabajo, las condiciones retributivas y los modelos de negociación colectiva”.
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