¡Redadas migratorias! La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado luz verde al envío de al menos 300 miembros de la Guardia Nacional a Illinois, escalando la confrontación con ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Esta acción ocurre en medio de protestas continuas contra las contundentes operaciones de las fuerzas del orden federales dirigidas a la detención de migrantes en Chicago.
El traslado a Chicago contrasta con la decisión judicial tomada este fin de semana en Portland, la ciudad más grande de Oregon.
Redadas migratorias
En esa ocasión, la jueza de distrito, Karin Immergut, emitió una orden de restricción temporal que prohíbe al presidente desplegar la Guardia Nacional.
La magistrada sostuvo que las autoridades de Oregon y la ciudad «probablemente triunfarán en su demanda» dado que el presidente habría sobrepasado su autoridad constitucional.
La jueza Immergut, designada por Trump, señaló que el presidente parecía haber «federalizado» la Guardia Nacional de Oregón sin autoridad constitucional.
Además, concluyó que las protestas en Portland no representaban un peligro de rebelión. Esta decisión judicial generó un contexto legal incierto, desafiando abiertamente la capacidad del Ejecutivo para utilizar tropas en ciudades que se oponen a sus políticas.
En Chicago, la tensión alcanzó niveles críticos en el escenario de crecientes protestas anti-redadas migratorias.
En ese sentido los Agentes federales se vieron obligados a abrir fuego contra una mujer presuntamente armada poco después de que esta embistiera un vehículo policial.
Este incidente fue usado por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, para justificar la intensificación de la respuesta federal.
Noem anunció el envío de más agentes de operaciones especiales a la ciudad, afirmando que miembros de las fuerzas del orden fueron «atacados, embestidos y acorralados por diez vehículos».
En una serie de otros eventos caóticos, agentes federales dispararon irritantes químicos contra más de un centenar de manifestantes en Brighton Park, un barrio del suroeste de Chicago, y el FBI prometió «continuar presentando cargos» contra los manifestantes.
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