Como Francisco Michel Tovar Cedeño, de 32 años, y Nargelis de Jesús Calzadilla Velásquez, de 37, quedó identificada la pareja que la tarde del pasado miércoles, fue aprehendida por una comisión de Polimaturín, adscrita al Servicio de Investigación Penal (SIP), debido a que presuntamente realizaban trámites de documentos fuera del Saime de manera ilegal, además de hacerse pasar el hombre por funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.
La detención se materializó en la residencia de estos, ubicada en el sector Las Cocuizas.
Así lo informó el comisario general director de Polimaturín, Antonio Pérez Luis, quien detalló que al comando central se presentó un ciudadano, indicando que le había solicitado a la ciudadana antes mencionada la obtención de su cédula de identidad, a lo que esta le pidió la cancelación de 80 $. Este le pagó 50 $ y los otros 30 $ debía entregarlos en un lapso de 7 días.
Asimismo, mencionó Pérez Luis que la presunta víctima, al no recibir respuesta del documento solicitado, se dirigió a la residencia de la mujer. Estando en el lugar, fue recibido por la pareja de esta, quien le indicó de manera agresiva que no le iba a entregar la plata ni el documento y que se retirara de su propiedad, a la vez que lo amenazó con meterlo preso, que él era Guardia Nacional, escolta de un Ministro y que su mujer era investigadora.
En vista de la situación, y por estar en presencia de un delito de usurpación de funciones, además de realizar trámites personales de manera ilegal, los funcionarios se trasladaron a la dirección aportada por el denunciante.
Al llegar al lugar, fueron atendidos por Tovar que resultó ser la persona que había amenazado a la víctima, a quien le preguntaron si era funcionario de la GNB, a lo que respondió que sí lo era, pero en ningún momento mostró su credencial, ya que alegó tenerla en el comando de zona.
De igual manera, se presentó la denunciada, quien dijo ser empleada del Saime, y tampoco tenía credencial que la identificara. Sólo mostró un carnet a su nombre que decía «Consultores Técnicos Criminalística» de la empresa Servicio Especial para la Formación Teórico Criminalística, que según ella la acreditaba como investigadora.
Debido a lo acontecido, ambos fueron trasladados al comando de Polimaturín, conjuntamente con dos teléfonos celulares de su propiedad y luego de informarle al fiscal 12° del Ministerio Público, abogado Terry Gil, quedaron privados de libertad por estar incursos en los delitos de corrupción y usurpación de funciones. Ahora permanecerán en los calabozos del cuerpo policial.
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