El Gobierno de Colombia denunció este viernes «el intento de homicidio y el posterior secuestro de 29 integrantes de la Fuerza Pública» en el Cauca (suroeste), donde el Ejército llevó a cabo en octubre una operación destinada a arrebatar el control de la región a una facción disidente de las antiguas FARC.

Los acontecimientos tuvieron lugar el jueves en las aldeas de El Plateado y La Hacienda, ubicadas en los municipios de Argelia y El Tambo, según lo confirmó hoy el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez Suárez.

«La responsabilidad de la vida y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública que han sido secuestrados recae directamente en quienes llevaron a cabo este indignante delito», declaró el ministro en un extenso mensaje a través de su cuenta de X.

Secuestro en el Cauca

El ministro no especificó la identidad de los secuestrados, sin embargo, medios locales señalan que la mayoría son agentes de la Policía que el día de ayer colaboraron en repeler una revuelta de los habitantes de El Plateado contra el Ejército y que también «prendieron fuego a dos vehículos oficiales».

Sánchez responsabilizó a la agrupación Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, así como a «ciudadanos manipulados por este grupo», quienes llevaron a cabo acciones «con brutalidad y disfrazándose de civiles para infiltrarse y atacar la integridad de nuestros uniformados». Detalla EFE.

El ministro afirmó que los integrantes del grupo liderado por Carlos Patiño «no sólo reclutan a menores de edad de forma coercitiva, sino que también manipulan y presionan a la población civil para desalojar a la Fuerza Pública y lograr que las instituciones del Estado no proporcionen acceso a servicios de salud, educación, empleo y oportunidades para transformar el territorio».

Sánchez, quien tomó posesión de su puesto la semana pasada, condenó también «la reciente explosión del puente que une a El Plateado con La Hacienda», un ataque que describió como «una evidencia de cómo estas acciones impactan directamente a las comunidades, limitando su movilidad y acceso a servicios básicos».

Sin mencionar los eventos que provocaron la revuelta del jueves, el ministro de Defensa enfatizó que en el Cañón del Micay, un punto clave para las rutas del narcotráfico, «no se llevarán a cabo acciones de erradicación forzada (de cultivos de coca)».