Diversas autoridades de Venezuela relacionadas con el sistema de justicia, han llegado a un acuerdo este jueves para establecer una estrategia para abordar el problema de los retardos procesales.
Según organizaciones no gubernamentales, este problema afecta a un gran número de personas privadas de su libertad en el país.
Retardos procesales en Venezuela
El Ministerio de Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y la cartera de Asuntos Penitenciarios, acordaron tomar medidas para avanzar en la garantía de la celeridad procesal, aunque no especificaron cuáles serán esas acciones.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, mencionado en el artículo, enfatizó que estas acciones tienen como objetivo establecer un sistema de justicia íntegro que proteja los derechos humanos.
Además, Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ, comentó que estas reuniones son útiles para «atender las necesidades del pueblo» y «solucionar los desafíos que enfrentan».
Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre lo discutido, por lo que no se conocen los acuerdos alcanzados, los objetivos establecidos y los plazos definidos en este plan de acción.
En el mes de julio del año 2023, Saab informó sobre la implementación de un plan destinado a disminuir la cantidad de individuos detenidos en las estaciones policiales, las cuales son consideradas como centros de detención preventiva.
En esa ocasión, la Fiscalía, el Ejecutivo y el TSJ acordaron transformar los centros preventivos en «casas de paz», con el fin de llevar a cabo las audiencias de juicio en esos calabozos y así combatir el retraso procesal que ha mantenido a miles de detenidos por años en estos lugares, los cuales originalmente fueron diseñados para una detención de 48 horas.
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