En febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez propuso «El Paquetazo», un conjunto de medidas económicas de orientación neoliberal que no fueron bien recibidas por el pueblo venezolano, desencadenando disturbios en varios estados del país con consecuencias lamentables.

Hace 35 años, Venezuela experimentó una explosión social que aún permanece en la memoria de todos. En su momento fue conocida como «El Sacudón», luego como «El Caracazo» y más tarde, cuando se confirmó el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, como «La Masacre del Caracazo». Ocurrió en febrero de 1989, específicamente el 27 de febrero, y se prolongó hasta mediados de marzo.

Se han reportado oficialmente 276 muertos, sin embargo, tras el descubrimiento de fosas comunes en el Cementerio General del Sur, algunos informes no oficiales sugieren que la cifra de fallecidos podría superar los 3.000. En la actualidad, hay familiares que desconocen el paradero de los cuerpos, o en este caso, el lugar donde descansan los restos óseos de sus seres queridos.

El 27 de febrero de 1989, un grupo no especificado de personas de bajos recursos iniciaron una serie de disturbios en Guarenas, estado Miranda. Esto se debió al aumento de las tarifas del transporte público y a la falta de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del gobierno.

Estos disturbios se extendieron a otras áreas metropolitanas de Caracas, como Caricuao, Catia, Coche y El Silencio, así como a La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, Maracaibo y las zonas cercanas a los terminales de transporte.

El Caracazo

Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas incluyeron la quema de vehículos de transporte público, saqueos y la destrucción de comercios, lo que resultó en daños significativos a propiedades tanto públicas como privadas.

El 28 de febrero de 1989, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el cual ordenó la suspensión de varias garantías establecidas en la Constitución venezolana de 1961. Estas incluían la libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10), la inviolabilidad del domicilio (artículo 62), la libertad de tránsito (artículo 64), la libertad de expresión (artículo 66), el derecho a reunión (artículo 71) y el derecho a la manifestación pacífica (artículo 115).

Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989. Durante los 23 días de suspensión, las Fuerzas Armadas de Venezuela tuvieron el control del territorio y la población, estableciendo un toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Las fuerzas de seguridad del Estado, en colaboración con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, llevaron a cabo operativos para reprimir los actos violentos.

El resultado fue trágico: se cometieron ejecuciones extrajudiciales, se violaron los derechos humanos y se causó más muerte y daño a la integridad física y a los hogares.