A sólo 18 días de los comicios internos de la oposición y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2024, Conrado Pérez Briceño, rector y miembro de la Junta Nacional Electoral, reiteró que aquellos que estén inhabilitados no podrán inscribirse en los próximos procesos electorales.
Briceño explicó que la actual Ley Orgánica de Contraloría y Sistema de Control Fiscal fue aprobada por unanimidad, artículo por artículo, lo que significa que el tema de las inhabilitaciones es completamente constitucional.
En cuanto a las elecciones primarias de la oposición, se ha informado que hay más personas inhabilitadas de las que se conocen en el país en la actualidad.
Según se detalla, hay un total de 1.963 personas inhabilitadas, hasta el corte del Registro Electoral del 30 de agosto de 2023, algunas por delitos de diferentes naturalezas.
Conrado Peréz Briceño reitera que ciudadanos inhabilitados no podrán inscribirse
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dejado claro que estas personas no podrán inscribirse para participar en las elecciones de ningún tipo y que no se aceptará nada contrario a los principios constitucionales y legales.
Además, se ha señalado que no se está hablando del fondo de la inhabilitación y que las personas notificadas conocen los efectos que esto conlleva.
En cuanto a la política actual, se ha mencionado que algunos sectores utilizan la figura constitucional y legal de la inhabilitación para fines personales y que esto ha causado daño a la República en algunos casos.
En el año 2021, se creó una Comisión de parlamentarios por parte de la Asamblea Nacional (AN) con el objetivo de investigar el daño patrimonial a la República que se ha producido desde el 2015 hasta el 2021.
La Comisión presentó un expediente con 12.552 folios que fue aprobado por unanimidad por la Cámara y remitido tanto a la fiscalía como a la Contraloría General de la República.
En relación a este tema, se han identificado 442 personas que podrían ser inhabilitadas para todos los efectos debido a su implicación en los delitos señalados en el expediente.
La Cámara aprobó por unanimidad este informe y ha imputado responsabilidad política a los implicados. Es lamentable que algunos sectores hayan politizado la cuestión de la inhabilitación, ya que es importante recordar que el CNE no tiene la potestad de inhabilitar a nadie, aunque sí es responsable y entiende la importancia de este tema.
En cuanto a las elecciones, el artículo 293 establece los numerales 5 y 6, que se refieren a la participación del Poder Electoral en comicios de cualquier envergadura, incluyendo sindicatos privados y gremios.
El CNE ha supervisado un gran número de elecciones gremiales, sindicales, políticas y organizacionales, pero no tiene nada que ver con las candidaturas de los distintos sectores. El papel del CNE es supervisar el proceso electoral.
Es importante destacar que no fue el CNE quien buscó a la Comisión Nacional de Primaria, sino que fue esta comisión la que se acercó al CNE.
En cuanto a las solicitudes presentadas por esta comisión, el CNE considera que están desestimando la posibilidad de realizar elecciones justas y democráticas para el pueblo venezolano.
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