La coalición magisterial ha dejado ratificada la emergencia educativa nacional así como la unidad sindical en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, tras 52 días de lucha en la calle, de manera pacífica, para solicitar mejoras salariales y laborales, por lo que entregaron un petitorio ante la oficina regional del Instituto del Trabajo por medio del cual exigen el cumplimiento del derecho constitucional del respeto, libertad y fuero sindical de protección legal para los educadores en conflicto.
Así lo indicó Zulenma Ruiz, presidenta del Colegio de profesores del estado Monagas, quien subrayó que entregaron un documento en Inspectoría del trabajo, pro medio de la cual solicitan que se reanuden las conversaciones acerca de las cláusulas del contrato colectivo, el incremento de salario, lo cual es propuesta hecha desde el inicio del año 2023.
«Es necesario un salario que cubra todas las necesidades, es inaguantable la situación, el salario ha sido pulverizado, al punto que no alcanza ni para un dia de alimentación, ni siquiera para el traslado a las instituciones educativas, debido a la hiperinflación que ha generado emergencia salarial. Vivimos en huelga indefinida del estómago por cuanto los docentes están en estado de inanición» dijo Ruiz.
Antisindical
Juan Carlos Oronoz, presidente del sindicato de educadores, destacó, que la diferentes organizaciones sindicales que integran la coalición sindical regional, subrayó que en dicho documento se solicita protección a los derechos del trabajador de la educación, ante la apertura de prácticas anti sindicales y calificación de las persecuciones contra las normativas laborales, por cuanto, según dicen, existen medidas de coacción y acoso laboral por parte de autoridades hacia los docentes.
«Esto busca la necesidad de ampliar mecanismos de protección que violan el derecho a manifestar pacíficamente, buscando ser escuchados ante las autoridades, para que subsane y se provea al trabajador educativo de una salario digno para uso y disfrute de su núcleo familiar», dijo.
Acotó que el trabajador no debe sentir miedo ante las amenazas de despido, debido a que constitucional y laboralmente, debe realizarse un procedimiento administrativo dictaminado por un juez del área laboral, «cualquier acto nulo reviste ilegalidad». Aseguró que estos casos han venido ocurriendo en Las Carolinas, Las Garzas, La Cruz, San Simón centro.
Más que zapatos
En cuanto a las jornadas médicas y la venta de zapatos, manifestaron que la crisis del magisterio va más allá de una jornada, ante la grave crisis de salud que padecen, debido a que en la actualidad los han dejado sin seguro médico, sin el servicio de Ipasme. «Un par de zapatos que se rifa no es la solución, porque lo que necesitamos es salario digno para poder acceder a nuestros bienes, pero hacerlo con dignidad».
El profesor Edgar Marcano, acotó que la activación del documento es el inicio de legal de la protección de los trabajadores por la vía administrativa y «continuará el proceso judicial posterior hasta que se cumpla con las consecuencias y efectos que conlleva la violación de los derechos laborales, que como derechos humanos no prescriben».
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