A las puertas de Walt Disney World, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes un proyecto de ley que le da un nuevo poder sobre Disney, castigando efectivamente al gigante del entretenimiento por hablar en contra de la agenda política del republicano.
La nueva ley equivale a una toma de control estatal del distrito especial de Reedy Creek, el organismo gubernamental que ha dado a Disney poderes únicos en la zona central de Florida durante más de medio siglo. En ese sentido, permite al gobernador sustituir la actual junta del distrito —en su mayoría personas vinculadas a Disney— por un órgano de cinco miembros elegidos por él mismo.
«Hoy, el reino corporativo finalmente llega a su fin», dijo DeSantis este lunes en una estación de bomberos de Reedy Creek en Lake Buena Vista, Florida. «Hay un nuevo sheriff en la ciudad y la rendición de cuentas estará a la orden del día».
El gobernador DeSantis anunció sus nombramientos para la junta reconstruida, incluyendo a Martin García, un abogado de Tampa y prolífico donante republicano cuya firma de inversión privada contribuyó con US$ 50.000 a la reelección de DeSantis, y Bridget Ziegler, miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, cofundadora de la organización conservadora Moms for Liberty y esposa de Christian Ziegler, el nuevo presidente del Partido Republicano de Florida.
La nueva junta tiene previsto reunirse la próxima semana, dijo DeSantis, «así que abróchense los cinturones».
Gobernador DeSantis sigue
En una declaración a CNN después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la legislatura estatal a principios de este mes, Jeff Vahle, el presidente de Walt Disney World Resort, dijo que la compañía estaba «lista para trabajar dentro de este nuevo marco, y seguiremos innovando, inspirando y llevando alegría a los millones de huéspedes que vienen a Florida a visitar Walt Disney World cada año».
La medida contra Disney se produce casi un año después de que la empresa se pronunciara en contra de un proyecto de ley de Florida, que DeSantis convirtió posteriormente en ley, para restringir cierta enseñanza en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género. En marzo del año pasado, cuando la indignación contra la legislación se extendió por todo el país, Disney emitió un comunicado prometiendo ayudar a conseguir que los tribunales derogaran o anularan la ley y diciendo que la compañía estaba «dedicada a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTQ+ de la familia Disney, así como la comunidad LGBTQ+ en Florida y en todo el país».
DeSantis respondió pidiendo a los legisladores que despojaran a Disney de su poder de gobierno especial, lo cual hicieron el año pasado, poniendo fin a un acuerdo de larga data que permitió a la compañía construir sus parques temáticos en expansión, icónicos del área de Orlando en un destino turístico internacional y uno de los motores económicos más importantes del estado.
Alcances de la medida del gobernador
El distrito especial de Disney, el Reedy Creek Improvement District, fue aprobado en 1967 por los congresistas floridanos para facilitar la construcción del parque Walt Disney World cerca de Orlando.
Se extiende en un espacio de 100 km2 e incluye dos ciudades y terrenos en los condados de Orange y Osceola, en el centro del estado.
En virtud de aquel acuerdo, Disney dirige ese distrito como si fuera un gobierno local, cobrando impuestos y garantizando servicios públicos esenciales como la recogida de basura, el tratamiento de las aguas, etc.
La decisión de anular ese estatuto especial ha suscitado dudas sobre el futuro del área donde se sitúa.
Según las leyes estatales, si se disuelve el distrito especial, sus bienes y deudas se transferirán a los gobiernos locales que rodean ese territorio.
«Podría pasar 2 mil millones de dólares de deuda de Disney a los contribuyentes» de Orange y Osceola, alertó el miércoles la senadora demócrata estatal Linda Stewart.
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