Ecuador vive un nuevo episodio de violencia. Al menos 15 uniformados heridos dejó un nuevo motín carcelario registrado este jueves en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, donde rige el estado de emergencia a raíz de una ola de violencia del narcotráfico, que desde el martes ha provocado la muerte de ocho personas, incluidos cinco uniformados.
«Tenemos más de 15 policías y servidores militares heridos», dijo a la prensa el director del organismo que administra las prisiones (SNAI), Guillermo Rodríguez, tras operativos de la fuerza pública para restablecer el orden en la penitenciaría Guayas 1, en la que enfrentamientos previos entre reclusos dejaron dos fallecidos y ocho heridos.
Otros cinco policías y un civil también murieron en varios atentados de grupos narcos el martes contra instalaciones policiales, gasolineras y un sanatorio en rechazo al traslado hasta ahora de 1.400 presos de la Guayas 1, la más poblada de las cárceles de Ecuador entonces con casi 6.900 personas, hacia otras sitios para retomar el control y reducir el hacinamiento.
Gobierno retoma el control
El Gobierno de Ecuador anunció eL jueves que logró recuperar el control del Pabellón 2 de la Cárcel Guayas Número 1, conocida como la Penitenciaría de Guayaquil, tras repeler fuego hostil de prisioneros que se resistían a ser trasladados a otros centros de reclusión del país.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, aseguró que se tomó el control del Pabellón 2 de la Penitenciaría de Guayaquil, donde se ejecutó el traslado de más de 1.400 presos a otra prisión en la vecina provincia de Manabí.
«Los cabecillas, criminales violentos que lideraban el Grupo de Delincuencia Organizada ‘Chone Killer’ y fomentaban resistencia armada» contra policías y militares «guardan ya prisión en la Roca», otra prisión de Guayaquil, escribió por su parte en Twitter el presidente del país, Guillermo Lasso.
«Estamos enfrentando con dureza a quienes interrumpieron su tranquilidad. Sepan que defenderé a los ecuatorianos y a la democracia hasta las últimas consecuencias. Juntos venceremos al crimen organizado, el narcotráfico y sus nexos con la política», agregó.
Se han ejecutado «las acciones necesarias para combatir la narcodelincuencia y el crimen organizado. El Gobierno Nacional continúa en la lucha para defender la paz de la ciudadanía y cualquier intento para desestabilizar la democracia», concluyó el mandatario.
¿Qué pasó este jueves?
Los hechos ocurrieron durante un operativo en marcha para recuperar el control de la Cárcel Guayas Número 1, conocida como la Penitenciaría de Guayaquil, uno de los focos de la crisis penitenciaria que azota a Ecuador desde hace cuatro años.
Unos 1.300 policías e igual número de militares fueron desplazados al sector de la también conocida como Penitenciaría del Litoral para continuar con un plan de traslado de reos a otros centros carcelarios, con fines de disminuir el hacinamiento, lo que generó la reacción de bandas de prisioneros que se disputan el control de la cárcel.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), encargada del sistema de prisiones, informó a través de redes sociales que internos de dicha cárcel reaccionaron con actos violentos contra los agentes, incluso con el uso de artefactos explosivos.
«Ante las acciones emprendidas para el control del hacinamiento, que contempla mejoras en la infraestructura y fortalecimiento de la seguridad, personas privadas de libertad -integrantes de grupos de delincuencia organizada- responden con violencia contra servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, inclusive con el uso de granadas», informó el SNAI en un comunicado.
La operación de intervención directa de las fuerzas del orden comenzó el miércoles, cuando se informó de manera oficial que al menos dos reclusos habían fallecido y otros seis habían resultado heridos por enfrentamientos entre bandas de prisioneros, según indicó el SNAI. Pero este jueves ya se hablaba de 20 lesionados, entre ellos nueve policías y tres militares, según el SNAI.
Crisis de seguridad en Ecuador
La ola de violencia en Ecuador, que se desató por el traslado de unos 1.000 presos de Guayas 1, empezó el martes con más de una docena de atentados con explosivos en estaciones de policía, gasolineras y centros de salud de Guayaquil.
Dicha escalada de hechos violentos llevó al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a decretar un estado de excepción en la provincia de Guayas (en el suroeste del país y cuya capital es Guayaquil).
La provincia costera de Esmeraldas (en el noreste y fronteriza con Colombia) también fue sometida desde el miércoles al Estado de excepción por 45 días.
Este jueves, con el fin de dialogar con las autoridades de las distintas funciones del Estado y jefes de las fuerzas del orden sobre la situación de violencia en el país, el presidente Lasso adelantó una reunión del Consejo de Seguridad y del Estado (Cosepe).
Luego de varias horas del encuentro, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, informó que el Gobierno estableció una estrategia integral de seguridad y paz para enfrentar en forma estructural –en un plan de corto, mediano y largo plazo– los efectos del crimen organizado y el narcotráfico en la sociedad ecuatoriana.
Sin dar más detalles sobre la estrategia, Ordóñez resaltó la irreductible decisión “de combatir la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado y retomar el control de los centros carcelarios” del Ecuador.
El Gobierno de Ecuador atribuye la violencia en las calles a su decisión de retomar el control de las cárceles, estrategia que incluyó la operación de traslado de reos peligrosos de la Penitenciaría de Guayaquil a otras prisiones del país.
Pero lo cierto es que el narcotráfico tomó vuelo en los últimos años en Ecuador, hasta entonces un lugar de paso de cargamentos ilegales desde Colombia, principalmente. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de toneladas de cocaína desde Guayaquil y otros puertos.
Las bandas criminales dominan varias penitenciarías, convertidas en un centro “seguro” de sus operaciones ante la incapacidad del Estado de asumir el control.
“Ecuador es un país (…) con una justicia corrupta y permeable. Es el lugar perfecto para la actividad” criminal, señaló el abogado Xavier Flores, especialista en derechos humanos.
El crimen organizado ha comenzado a desplazar al Estado de ciertos espacios territoriales
Para el exjefe de inteligencia militar Mario Pazmiño, en el país suramericano hay “una gobernanza criminal en la cual el crimen organizado ha comenzado a desplazar al Estado de ciertos espacios territoriales”.
La disputa por el poder de las bandas en las prisiones deja alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021, la mayoría en matanzas con cuerpos baleados, incinerados y mutilados a machete.
“Eso se va a extender, va a haber una metástasis de violencia a nivel nacional, comenzando por las principales ciudades, donde estas organizaciones ya tienen ciertos enclaves y proyectándose a otras ciudades que tal vez no están contaminadas”.
PazmiñoAmparado en el estado de excepción, el gobierno del presidente Guillermo Lasso desplegó militares para que apoyen a la policía en los operativos contra las múltiples bandas que operan en Guayaquil, donde en lo corrido del año se han reportado 1.200 homicidios, 60 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, según datos oficiales.
Con información de AFP y EFE reseñada por El Tiempo de Colombia
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