El gobierno británico anunció este viernes que firmó el decreto de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por una fuga masiva de documentos confidenciales.

Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un «día negro para la libertad de prensa y la democracia británica».

En abril la justicia británica emitió la orden formal de entregar a Washington al fundador de WikiLeaks, tras una saga judicial de varios años, pero correspondía a la ministra de Interior británica, Priti Patel, firmar el decreto, algo que hizo el viernes.

«En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra debe firmar una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba», dijo un portavoz del ministerio de Interior.

Según el portavoz, «los tribunales británicos no concluyeron que fuera opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange. Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud».

Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en WikiLeaks de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán.

Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh después de que la policía británica le detuviera en la embajada de Ecuador en Londres, una vez que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se refugió en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

– El «inicio de una nueva batalla» –
En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: juez Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaida.

Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.

Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo «en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero».

Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos.

«Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo», dijo en un comunicado el viernes.

«Julian no ha hecho nada malo. No ha cometido ningún crimen, no es un criminal. Es un periodista, un editor y está castigado por haber hecho su trabajo», dijo la letrada, con quien contrajo matrimonio en marzo, y con el que tiene dos hijos, concebidos durante la estancia de Assange en la embajada de Ecuador en Londres.

Stella Assange garantizó que no es el final de la batalla sino «el inicio de una nueva batalla jurídica».