La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada el viernes (10.06.2022) a 10 años de prisión, acusada de haber realizado un golpe de estado contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, anunció el tribunal.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su fallo «de sentencia condenatoria» de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la exmandataria fuera encarcelada preventivamente.
Presidido por el juez Germán Ramos, el tribunal anunció en una audiencia «la sentencia condenatoria» para la exmandataria de 54 años «por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes […], condenándola a la pena de 10 años».
La exmandataria fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En su alegato final, Jeanine Áñez señaló que el Tribunal «excluyó» pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, quien estuvo 14 años en el poder. «Nunca busqué el poder», afirmó.
Jeanine Áñez apelará el fallo
La exmandataria anunció previamente que apelaría un fallo condenatorio: «no nos quedaremos acá, iremos a justicia internacional».
Al conocer la sentencia, la organización Human Rights Watch expresó preocupación por la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra Áñez. Así lo declaró via Twitter el representante de HRW, César Muñoz.
Jeanine Áñez fue juzgada por sus actos como senadora, antes de que asumiera la presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.
Áñez sucedió a Morales, dos días después de que éste dimitiera, en medio de una fuerte convulsión social. Los opositores denunciaron que Morales había hecho fraude en las elecciones de octubre de ese año, para acceder a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
La expresidenta, ya en el poder, sofocó la fuerte oposición de movimientos sociales y de campesinos afines a Morales. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que en los primeros meses de su gobierno hubo 35 fallecidos en manifestaciones.
La defensa de Áñez arguyó que el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció la legalidad del mandato de Áñez e incluso el Congreso, controlado por el partido de Morales, aprobó extender su mandato «constitucional» cuando la pandemia del covid-19 obligó a la postergación de elecciones en 2020.
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