La política económica de Venezuela contenida en el Plan Rivera, elaborado por Patricio Rivera, ex ministro de Finanzas de Rafael Correa en Ecuador, ha tenido como una de sus premisas la reducción del salario real de los trabajadores venezolanos hasta el límite de la inhumanidad. Los datos son irrebatibles: en 2021 la tasa de inflación oficial fue 686% en tanto que los salarios nominales se ajustaron en menos de 100%. Ello ha determinado que los trabajadores del sector público, activos y jubilados, hayan sido las principales víctimas de este plan de ajuste macroeconómico draconiano implementado por Nicolás Maduro.
Los datos que ha levantado el Observatorio Venezolano de Finanzas con el objeto de develar el oscurantismo estadístico que ha aplicado el gobierno, indican que hay una brecha abismal entre las remuneraciones que devengan los trabajadores del sector privado y los del sector público. Así, en 2021 la remuneración promedio de un trabajador del mayor empleador privado de Venezuela, el sector comercio y servicio, alcanzó a US$ 89 mensuales. Dentro de ese promedio un gerente devengó US$ 201, un empleado profesionalizado obtuvo US$ 155 y un obrero US$ 80. La remuneración promedio permitió cubrir apenas el 24% del valor de la canasta alimentaria. Es decir, al trabajador del sector privado su remuneración, que incluye salario y bonos, no le alcanza para comer.
La situación de los empleados públicos es dramática. Un docente de educación básica y media con veinte años de servicios y cursos de postgrado, en 2021 obtuvo una remuneración de US$ 52 mensuales mientras que un docente que está entrando en la carrera académica ganó US$ 25 mensuales. Un obrero de la salud recibió US$ 7 mensuales y un policía US$ 14 mensuales. El caso de los profesores universitarios se cuenta y no se cree. Un profesor titular con doctorado, a dedicación exclusiva en las universidades devenga la miseria de US$ 10,19 mensuales. Esto parece increíble pero es cierto. Toda esta situación que ha generado Maduro ha provocado la destrucción de la carrera pública en Venezuela. Y de esto tampoco se salvan los militares honestos, cuyos salarios son una vergüenza.
Por lo anteriormente expuesto, un eje esencial de la política en Venezuela se resume en la consigna: Por un salario digno, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Esto debe concretarse en la lucha por un salario básico para el menor escalafón salarial de la Administración Pública de US$ 50 mensuales y luego ir subiendo conforme se asciende en la escala según la experiencia y la capacitación del trabajador. Esos US$ 50 son insuficientes para que un trabajador se alimente de forma adecuada, pero es el primer el paso de una lucha para llevar la remuneración básica hasta cubrir el costo de la canasta alimentaria. Un gobierno que dice que produjo 1.000.000 de barriles diarios de petróleo en 2021 y que plantea llevar la extracción hasta 2.000.000 de barriles diarios en 2022, se supone que tiene ingresos para pagar mejor a sus maltratados trabajadores.
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