“Avanza positivamente el proceso que adelanta la Asamblea Nacional con el apoyo del Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia en procura de un sistema de justicia con los más elevados estándares que es requisito imprescindible para garantizar los derechos civiles establecidos en la Constitución de la república” señaló el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del parlamento venezolano.
“Primero fue la esforzada gestión de diputados y diputadas en comisión especial que hizo posible que miles de connacionales fueran liberados de injusta prisión, luego la aprobación unánime de la reforma parcial de la Ley del TSJ y a continuación de la comisión preliminar de postulaciones que tras la incorporación de representantes de la sociedad permitirá elegir de entre los mejores candidatos y candidatas a los nuevos magistrados para posteriormente, ya lo verán, continuar resolviendo lo necesario para contar con un sistema de justica marcado por la calidad, la independencia y la eficiencia” afirmó el diputado por el estado Aragua.
Martínez reveló que había entregado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional un conjunto de recomendaciones salidas de reuniones de trabajo con profesionales del derecho y expertos que confía se considerarán en los cambios por venir destacando “la necesidad de garantizar la profesionalización del sistema de justica estableciendo rígidos mecanismos de ingreso, basados en concursos de oposición, orales y públicos, batería de exámenes que incluyan pruebas psicológicas y psiquiatras, revisión exhaustiva de la trayectoria vital y el entorno familiar, patrimonio y capacidad financiera y sensibilidad humana y permanencia sujeta a evaluación periódica de desempeño”.
“Si bien conocemos las dificultades económicas que enfrenta la república -agregó en su comunicación Luis Eduardo Martínez- en buena medida resultado de las sanciones económicas extranjeras, es necesario esforzarnos por asignar recursos suficientes para el funcionamiento del sistema de justicia a todo nivel y que en principio pudieran estar en el orden del 5 % del PIB anual. Superado el bloqueo, el Estado debe procurar fuentes de financiamiento multilaterales para adecuar la infraestructura y el equipamiento”.
Finalmente, el diputado acciondemocratista puso especial énfasis en la necesidad de garantizar buenos sueldos: “Los códigos son muy importantes, pero más lo son los hombres y mujeres responsables de su aplicación. Desde los Magistrados, o Magistradas del TSJ hasta el más humilde funcionario o funcionaria, deben prontamente ser remunerados y contar con seguridad social que les garantice una vida digna para ellos y sus familiares. Jueces, fiscales, defensores, alguaciles, personal administrativo, obreros, obreras, todos sin excepción, garantizarán el sistema de justicia que merecemos”.
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