El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este jueves en Bogotá que su oficina cerrará el examen preliminar del caso por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
«Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (…) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar», aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino el comienzo de una «nueva relación», con una «interacción continua».
Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde 2004, y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares desde 2009 (los primeros) y 2002 (los de lesa humanidad).
Para oficializar el compromiso, el fiscal general de la CPI firmó este jueves en la Casa Nariño, sede de la Presidencia, un acuerdo de cooperación con el presidente Iván Duque que reconoce la voluntad de Colombia y de sus instituciones de «administrar genuinamente justicia».
El documento destaca el compromiso del gobierno de seguir garantizando el buen funcionamiento tanto de la justicia ordinaria como de la transicional, producto del acuerdo de paz con las FARC, para la restitución de cuentas y darle justicia a las víctimas del conflicto.
«Hoy usted le anuncia al pueblo colombiano que se cierra ese examen preliminar pero que se abre una nueva etapa de colaboración», aseguró Duque, en una declaración conjunta con Khan, en la que calificó el acuerdo de «histórico».
«Hoy vamos a trabajar de manera más estrecha, pero el principio mediante el cual usted anuncia el cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país históricamente en estos 17 años», dijo el presidente.
En el acuerdo, el gobierno se compromete a «asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo», informó el fiscal general de la CPI.
La JEP, nacida del acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC para tratar crímenes colectivos de guerra y lesa humanidad, ha acusado reiteradamente al gobierno colombiano de falta de apoyo y de que se ha minado su presupuesto para trabajar en los siete macrocasos que tiene abiertos.
Sin embargo, el acuerdo con la CPI pretende asegurar que «la JEP y las demás cortes y todo el sistema judicial reciben los fondos que requieren y asegurar que no existe ningún tipo de interferencia en el proceso», dijo Khan, quien estimó que es «un cambio de paradigma».
Además, el gobierno presentará un informe anual a la CPI «sobre el trabajo que se está realizando y el esfuerzo que se necesite para que se alcance la paz y la rendición de cuentas en Colombia», apuntó el fiscal general de la CPI.
Khan llegó el pasado lunes a Colombia para decidir si continuaba el caso que atañe a Colombia y de esta forma abría la investigación oficial al país o lo cerraba, decisión que finalmente ha sido adoptada.
El próximo viernes, al concluir su visita a Colombia, Khan tiene previsto trasladarse a Venezuela país al que la CPI le abrió en 2018 un examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
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