El Gobierno de Panamá dijo este domingo que se supervisará a los entes y sujetos mencionados en los Papeles de Pandora, una nueva investigación periodística internacional sobre supuesta ocultación de dinero y blanqueo, que ha vuelto a tener como protagonista un bufete panameño.
En un comunicado, el Ejecutivo presidido por Laurentino Cortizo aseguró que trabaja «de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país», reseñó Efe.
Un bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de «un imán para los ricos y poderosos (…) que buscan ocultar riqueza en el extranjero», entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.
El Gobierno panameño dijo que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado al equipo directivo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que sigue «con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país».
Panamá aún sufre el daño a su reputación por los Papeles de Panamá, investigación pionera del ICIJ. Esta filtración de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca en abril de 2016 reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de ese bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
El Ejecutivo panameño indicó este domingo que la Superintendencia de Sujetos no Financieros «hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país».
«Y la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas».
El Gobierno recordó que Panamá ha firmado acuerdos de cooperación internacional como el Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral (MCAA), la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para prevenir la erosión de la base y la transferencia de beneficios (MLI), y la Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios (MAC).
También ha implementado el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Erosión de la Base y Transferencia de Beneficios (BEPS) para abordar la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente y competitivo.
Agregó que producto del continuo trabajo que estamos efectuando, en un solo año, por incumplimiento de la regulación panameña, se suspendieron más del 50 % de las 762.709 personas jurídicas inscritas en el Registro Público, impulsamos la supervisión constante del desempeño de los agentes residentes y firmas de abogados locales, y cumplimos con el intercambio de información fiscal con 66 países por medio de la DGI, agregó.
«Es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley», declaró el presidente Cortizo en el comunicado.
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) calificó este domingo como «conjeturas, imprecisiones y falsedades» el informe periodístico publicado este domingo por el ICIJ y sus medios asociados en todo el mundo.
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