Las noches se volvieron pesadilla en Cali. La violencia de las protestas contra el gobierno colombiano estalló en esta ciudad donde convergen los males de un país sumido en seis décadas de guerra.
En la llamada «capital del posconflicto», el acuerdo de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016 no trajo la calma esperada.
Desde que comenzaron el 28 de abril, las manifestaciones contra el presidente Iván Duque se tornaron en revueltas en la urbe, duramente reprimidas por la fuerza pública, y la situación empeoró cuando cayó el sol el 3 de mayo.
La AFP recabó tres testimonios de las escenas de terror que sacudieron la capital del Valle del Cauca, con 2,2 millones de habitantes, y el municipio aledaño de Palmira.
Las revueltas dejaron 32 muertos en Cali, «7 relacionados con las marchas», según la alcaldía.
La ciudad ha recibido una migración campesina y pobre en medio del conflicto armado, que no logró integrar del todo y eso provoca «demasiada desigualdad», describe a la AFP Edgar Barrios, rector de la Universidad del Valle.
La situación se agravó por la crisis económica desatada por la pandemia, que afectó la industria, el comercio y la agricultura de esta ciudad del suroeste del país, donde la violencia repunta tras el acuerdo de paz.
En Cali se juntaron descontento social, pobreza, «economía ilegal de narcotráfico» y «distintas formas de criminalidad» que se arraigan en barrios deprimidos, añade el académico.
A los bloqueos de vías, que provocan desabastecimiento de gasolina y medicamentos en plena pandemia, el gobierno respondió con la militarización de la ciudad.
Muerto a bala
Kevin Agudelo, de 22 años de edad, asistió el lunes a una protesta con velas en Siloé, un barrio marginal de Cali.
Su madre recuerda que le prometió no acercarse al «alboroto».
«Pero decía que iba a marchar por el bienestar de Colombia«, añade entre sollozos Ángela Jiménez. Fue la última vez que lo vio con vida.
Según 12 testimonios recabados por la AFP, policías antidisturbios y fuerzas especiales arremetieron contra la protesta pacífica sin ninguna concesión.
Agudelo cayó junto con dos personas, todas baleadas según se aprecia en fotos y videos.
«Nos tuvimos que esconder porque estábamos todos asustados (…) todo el mundo corría», relata uno de los asistentes al evento que pidió no revelar su identidad.
«Lo que hice fue correr, salvarme por mi vida porque yo ya vi que no se podía hacer nada», agrega.
Las muertes se están investigando.
La ONU se dijo «profundamente alarmada» por los excesos de la fuerza pública en Cali, cuando «la policía abrió fuego contra manifestantes (…), matando e hiriendo a varias personas».
Cañaduzales
La misma noche, Daniela León quedó atrapada en medio de choques entre la fuerza pública y manifestantes que intentaban tomarse un peaje en Palmira.
«La confrontación se da en el momento en que ya se está a unos 500 metros del peaje, y ya sale todo el escuadrón (antidisturbio) y ellos empezaron a atacar», describe la activista de la red Francisco Isaías Fuentes.
Según León, los manifestantes «empiezan a meterse en los cañaduzales para resguardarse de los gases».
Alrededor de 17 personas que huyeron entre las plantas de caña de azúcar siguen desaparecidas, según sus cifras que coinciden con las oficiales.
Para León, además de presuntos disparos del ejército y denuncias de abusos sexuales, lo más grave fue su «modus operandi»: atacar de noche «para generar pánico».
Denuncias de dos senadores la respaldan.
Agresiones a la policía
Los policías también son blanco de la violencia en las calles.
En Cali, la pobreza alcanza al 36,3% de la población y la tasa de homicidios es de 43,2 muertos por 100.000 habitantes, contra los 23,79 en el país.
En los barrios marginales, las bandas armadas conocidas como combos atacaron a la fuerza pública, dejando 176 uniformados heridos, 10 por arma de fuego, según autoridades.
El patrullero Luis Guerra, del escuadrón andisturbios, casi pierde el pie por el estallido de una artefacto explosivo el 28 de abril.
«Resultó que venía un grupo de unos (cien) manifestantes violentos por otra calle, muy aparte de lo que fue la manifestación pacífica, encapuchados, tapados totalmente la cara, arrojando objetos contundentes, artefactos (…) conocidos como papas bomba», recuerda.
Fue hospitalizado y le quedaron secuelas.
Estaciones de policía y un hotel donde se hospedaban uniformados también fueron atacados a disparos, según la versión oficial.
Para Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado y analista de la Universidad de la Sabana, puede haber infiltrados de grupos «dispuestos a la rebeldía» en las protestas, personas que buscan «dar la imagen que se salió el asunto de control».
Pero un policía debe «hacer de tripas corazón». «Esos escudos que tienen y esos cascos son para protegerlos también de balas», sentencia.
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