Desempolvar la propuesta de instauración del Estado Comunal, a través de la aprobación de las leyes de Parlamento Comunal y las Ciudades Comunales, con la pretensión de cambiar la geometría de poder y “construir, desarrollar, fortalecer y establecer la sociedad y el Estado Comunal, Socialista y Bolivariano en lo territorial”, atenta contra el estado constitucional en Venezuela.
Estos dos instrumentos legales presentados recientemente por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, aprovechando la mayoría parlamentaria del sector oficial, fue planteado por el presidente venezolano Hugo Chávez y rechazado por la población durante el referéndum constitucional de Venezuela de 2007, mediante el cual se pretendía modificar 69 artículos de la Carta Magna.
El mismo líder del denominado “proceso revolucionario” señaló en su momento: Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada; sin embargo, hoy se pretende elevar la consigna ‘comuna o nada’, con el fin de impulsar una instancia para otorgarle poder de forma directa al pueblo y construir una visión integral de los programas sectoriales, considerados en los denominados “Planes de la Patria Comunal”, lo cual no está respaldado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
En tal sentido, nuestra legislación, en materia de referendo, establece taxativamente en el Artículo 73, que “serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley”.
Por su parte, el artículo 136 señala que “El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estadal y el poder nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.
Adicionalmente, el artículo 168 de la CRBV establece, que “los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende: 1. La elección de sus autoridades. 2. La gestión de las materias de su competencia. 3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos”. En este sentido, no establece el financiamiento a dicho “Poder Popular”, a través de Bancos Comunales, para la ejecución de los proyectos socioproductivos de estas organizaciones.
Referéndum consultivo
Cualquier modificación de nuestro marco legal debe ser consultada a la población venezolana. Por tal razón, he propuesto que en el venidero proceso electoral de gobernadores y alcaldes se incorpore una pregunta para que la gente decida si quiere o no un poder comunal.
Si el presidente Nicolás Maduro quiere demostrar al país el talante “democrático” de su gobierno, debe desistir de la ilegal realización de una consulta popular y convocar al referéndum consultivo, pues lo legal es lo constitucional.
Si ante ese recurso legal persiste en su propuesta de instalar un sistema de gobierno comunal, quedará demostrado ante el país y la comunidad internacional la pretensión de acabar con los poderes constituidos, eligiendo nuevas estructuras de gobiernos no establecidas en la Carta Magna.
No obstante, para lograr poner freno a la inconstitucional de esta propuesta jurídica, es necesario ir masivamente a votar en las venideras elecciones regionales y municipales.
En las elecciones legislativas del 6 de diciembre apenas participó el 30 por ciento de la población y solo 20 diputados de la oposición fueron electos y 257 del gobierno, trayendo como consecuencia la entrega del poder legislativo al gobierno; por lo que ahora, con un parlamento a su favor, sacan de nuevo el trapo rojo del poder comunal, que ya fue revocado por la población venezolana en un proceso electoral y de instaurarse, lo primero que desaparecerán son la Gobernaciones y Alcaldías.
Rescatar la ruta electoral
En este sentido, hago un nuevo llamado a la población a no incurrir en el error de acatar las instrucciones emanadas de los dirigentes de la oposición que se encuentran en el exterior, quienes desde la comodidad que les brinda el exilio, ya sea desde Bogotá, Madrid o Miami, hacen constantes llamados a la abstención, ya que, en caso de que en los venideros comicios más del 50% de la población no vote, el gobierno ganará cerca de 20 gobernaciones y 300 alcaldías, y seguiremos hundidos en la crisis.
El problema no es que 4 dirigentes inviten a la abstención, lo realmente lamentable es que los venezolanos que estén acá padeciendo las colas para surtir sus vehículos de gasolina, que no cuentan con los servicios básicos de agua, electricidad o gas, caigan en el juego de la antipolítica del sector extremista y renuncien a su derecho a la participación, dejando en el poder a quienes han destruido las gestiones regionales.
En un país, en las condiciones en las que nos encontramos ahora los venezolanos, con una crisis socioeconómica galopante y un gobierno con una evaluación negativa del 82%, de acuerdo a los últimos sondeos de opinión; paradójicamente, con sólo el 20% que movilizan a votar en los procesos electorales ganan las elecciones, debido a la división y la estrategia asumida por el sector extremista, que desde el 2005 trazó una falsa ruta de cambio, haciendo reiterados llamados a la abstención y salidas fuera del marco legal.
Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón y esta posición irracional perdió fuerza, solo generó entre los venezolanos desesperanza, la profundización de la crisis socioeconómica del país, debilitar a los sectores políticos y deteriorar el sistema de participación ciudadana.
Hoy los distintos factores políticos están obligados a recobrar la sindéresis y la cordura para cambiar esta realidad, generar mecanismos de concertación que permitan recuperar los espacios regionales y lograr los cambios que requiere el país, a nivel político, social, económico y salud.
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