Cuando el gobierno de Ecuador eliminó los subsidios a los combustibles, miles de personas se lanzaron a las calles de Quito en octubre de 2019 para protestar contra el plan de ajuste económico del presidente Lenín Moreno.
Liderado por organizaciones indígenas y opositores al gobierno, el estallido social dejó en evidencia una polarización política que, con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo, ha vuelto a resurgir.
Si bien participan 16 candidatos en los comicios, quienes lideran la carrera en las encuestas son el economista Andrés Arauz, un delfín del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) y el banquero y empresario Guillermo Lasso.
Los dos candidatos representan el llamado “correísmo” y el “anticorreísmo” que dividen profundamente al país y que encarnan dos modelos de desarrollo económico opuestos.
Uno de los temas más importantes de la campaña ha sido la economía, que si bien arrastra graves problemas desde hace años, ahora está en una situación crítica por los efectos de la pandemia de covid-19.
El próximo gobierno tendrá que hacerse cargo de un país cuya economía sufrió una contracción cercana al -9% en 2020 y que tiene muy pocos fondos para echar a andar la reconstrucción económica.
A la pandemia se suma la persistente caída en el precio del petróleo desde 2014 -que es el principal producto de exportación del país- y que genera cerca de un tercio de los ingresos públicos, mientras que el resto proviene de la recaudación tributaria.
Siendo una economía dolarizada, que no puede imprimir dinero ni jugar con la devaluación monetaria, el país ha enfrentado una crisis de financiamiento que le ha puesto el camino cuesta arriba.
La deuda pública bordea el 70% del Producto Interno Bruto y el déficit fiscal supera el 8%, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI.
Quien sea el ganador de la contienda electoral tendrá que hacerse cargo de un país con altos niveles de informalidad laboral y pobreza, que se han vuelto aún más apremiantes en medio de una crisis económica global.
A falta de estadísticas oficiales, organismos como el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, Unicef, estimó que la pobreza se ha disparado al 38% y la extrema pobreza a cerca del 20%.
Considerado un país de alto riesgo por los inversores internacionales, el presidente Lenín Moreno buscó financiamiento externo con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF y el FMI, siendo ésta última la institución que comprometió una mayor cantidad de recursos.
El último préstamo acordado con el FMI fue de US$6.500 millones de dólares, de los cuales ya se han entregado unos US$4.000 millones, y el resto será desembolsado en la medida que se cumplan las condiciones exigidas por el organismo.
Condiciones que apelan a la austeridad fiscal para limpiar las cuentas públicas, reducción del tamaño del Estado y un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las cuales son resistidas por los sectores de menores ingresos por considerarlas como un sinónimo de hambre y miseria.
¿Qué dicen los principales candidatos del acuerdo con el FMI?
El empresario Guillermo Lasso ha dicho que respetará el acuerdo del país con el organismo multilateral, excepto en un punto.
“Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos a hacer, es a subir el IVA”, afirma Lasso, aclarando que se pueden poner en orden las cuentas fiscales sin incrementar ese impuesto al consumo.
Incluso el candidato asegura que será aún “más audaz” que las metas fijadas por el FMI.
“Ellos hablan de ir reduciendo el déficit, yo hablo de llegar a déficit cero, porque el día que Ecuador llegue a déficit cero, no habrá más deuda”.
Lasso propone duplicar la producción de petróleo para obtener mayores recursos, un manejo eficiente del Estado, incentivos a la inversión extranjera y el combate a la corrupción.
Desde su perspectiva, “volver al correísmo” podría llevar a Ecuador a convertirse en una nueva Venezuela.
En cambio el economista de 35 años Andrés Arauz asegura que no cumplirá con las condiciones impuestas por el FMI.
“Bienvenido sea el apoyo del FMI a nuestro propio programa económico, pero someternos a las condiciones negociadas por Moreno, no lo vamos a hacer”, señaló en una entrevista con Reuters.
Durante su campaña ha planteado que uno de sus objetivos es reactivar el gasto socialy romper con la austeridad que respalda el FMI.
Con ese horizonte ha prometido abrir líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, dar un bono de US$1.000 a un millón de familias en la primera semana de gobierno. financiar parte de la contratación que hagan las empresas de nuevos empleados y recontratar a trabajadores del sector público, como profesores y médicos, que habían perdido sus empleos.
Los recursos serían obtenidos de los fondos del Banco Central de Ecuador y de cambios al sistema tributario para que “los ricos paguen más impuestos”.
Los grandes retos de la reconstrucción económica
En el centro de las campañas presidenciales ha estado el tema del empleo, que es precisamente una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, según los últimos sondeos de opinión.
“Cerca de la mitad de los trabajadores está en la economía informal. El problema no es tanto el desempleo, sino el subempleo“, le dice a BBC Mundo Susana Herrero, académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Américas en Quito.
Un 70% del empleo del país lo generan las pequeñas y medianas empresas. El problema es que muchos de esos micro negocios desaparecen al poco tiempo de crearse.
“Somos el país más emprendedor de América Latina y el que más fracasa”, explica Inty Gronneberg, científico y empresario ambiental.
“En Ecuador se pierde el talento porque no hay una alianza entre lo público y lo privado. El gran reto es cómo salirse de esas visiones tan polarizadas“, apunta.
Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia y director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, argumenta que la reconstrucción económica requiere medidas fiscales, económicas y sociales.
“El gobierno que venga tendrá que administrar la escasez“, dice en diálogo con BBC Mundo.
Para reducir el déficit fiscal, propone aumentar el IVA del 12% al 15% -lo mismo que ha señalado el FMI-, disminuir el tamaño del Estado, cortar gastos fiscales excesivos y reemplazar el subsidios a los combustibles por ayudas directas a las familias de menores ingresos.
En lo económico sostiene que la inversión privada debe generar nuevos puestos de trabajo y no el Estado, especialmente en sectores como el petrolero y el minero.
Aunque reconoce que un ajuste fiscal en medio de la pandemia es lo contrario a lo que otros países están haciendo para reactivar sus economías, su postura es que a mediano y largo plazo rendirá frutos.
Y en el frente social, de la Torre, quien es parte del Consejo de Asesores Externos del actual gobierno, argumenta que el nuevo mandatario debería implementar políticas para mejorar la nutrición, la educación y el sistema de salud.
Una visión completamente distinta es la de Carlos de la Torre, quien fue ministro de Economía al inicio del gobierno de Lenín Moreno, pero que actualmente es asesor económico del candidato opositor Andrés Araúz.
“Tenemos que sacar a Ecuador del abismo económico“, le dice a BBC Mundo.
Para eso, explica, la economía requiere una rápida inyección de recursos que permita activar el consumo y generar empleos.
Esos fondos fiscales serían distribuidos a través de subsidios directos a las familias; las cooperativas de ahorro y crédito para que le den financiamiento a las empresas; el co-pago de los sueldos de los nuevos trabajadores contratados de entre 18 y 25 años por un período de un año, además de la entrega de créditos a través del Banco de Desarrollo de Ecuador para, por ejemplo, obras de infraestructura.
Ese gigantesco nivel de gasto fiscal se financiaría, explica de la Torre, con préstamos provenientes del Banco Central de Ecuador y de medidas que aumentarían la recaudación fiscal.
Entre ellas, la disminución de la evasión fiscal, el cobro de deudas impagas a grandes contribuyentes, mejorar la recaudación arancelaria para evitar “exoneraciones tramposas” y aplicar un impuesto progresivo a las empresas que favorezca a las que tienen menos recursos.
Además, propone la creación de un IVA diferenciado entre los productos que generan empleo y aquellos que son importados.
En ese plan, las condiciones del FMI, no tienen espacio. “El FMI quiere implementar medidas que son funcionales a las élites del país”, apunta.
El tema de atraer inversión extranjera es otro punto en el que insisten algunos de los economistas entrevistados por BBC Mundo.
“Ecuador tiene que arreglar sus cuentas públicas, bajar el riesgo país y generar confianza”, dice Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, OPF. “No tenemos otra opción”.
Una opinión similar tiene Pablo Lucio Paredes, director de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.
“Hay que abrir la economía al mundo” y hacer reformas en sectores como el mercado laboral o el sistema de jubilación, además de eliminar los gastos improductivos del Estado.
En medio de la discusión sobre cómo rescatar una economía afectada por problemas estructurales, pero que además tocó fondo con la pandemia, hay un problema de gobernabilidad que complica aún más las cosas.
“Este país está al borde una gran explosión social”, dice Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
El economista lamenta que cuando el país tuvo la oportunidad de hacer cambios profundos, como una transformación productiva y una redistribución de la riqueza, durante el gobierno de Rafael Correa, no los hiciera.
Y desde su punto de vista el gobierno de Moreno ha agravado aún más los problemas. “La situación es dramática”, apunta, porque en medio de la pandemia la sociedad ecuatoriana no ha mostrado solidaridad con los más afectados, ni respeto por un modelo de desarrollo más sustentable.
“Los que tienen más dinero, tienen que contribuir más a la sociedad”, dice Acosta.
La incertidumbre sobre quién tomará las riendas del país es alta. El mayor desafío de los candidatos será vencer la indiferencia y la indecisión de un proceso electoral que se lleva a cabo en medio de una pandemia que ha golpeado duramente a Latinoamérica.
Y de no haber un ganador en primera vuelta, se tendrá que ir a un balotaje previsto para el 11 de abril.
