En su discurso ante la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales inició su intervención advirtiendo sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.
Héctor Constant (Foto ONU).
Venezuela alertó este martes a los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad en el Caribe se encuentra “amenazada” debido a “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una circunstancia que, según afirmaron, “pone en peligro a una región que valora la paz”.
En su discurso frente a la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales inició su intervención advirtiendo sobre el despliegue «sin precedentes» destinado a desestabilizar el entorno de Venezuela y comprometer la soberanía del país.
Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, destacó, comparando después las consecuencias de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la CPI con los efectos de las medidas impuestas contra Caracas.
El representante de Venezuela también indicó que la Corte Penal Internacional está funcionando en un entorno de “intimidación sin precedentes”, resultado de “sanciones, amenazas y presiones políticas” que se ejercen contra la Fiscalía y los jueces para detener sus investigaciones.
Por lo que, Constant precisó que Venezuela “sabe lo que significa” el uso de sanciones como “instrumento de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población” y pidió a la Corte que determine el “carácter punible” de esas medidas y no permita “que sus decisiones se condicionen por represalias externas”.
Constant también destacó que su nación, en calidad de “Estado soberano”, posee el derecho a llevar a cabo sus propios procedimientos judiciales “sin intervención de agentes externos”.
De igual manera criticó la decisión anunciada ayer de cerrar la oficina de la Fiscalía en Caracas, asegurando que ello no alterará “el espíritu de cooperación” del Gobierno.
La Corte debe dejar de permitir que la justicia se convierta en un arma de dominación selectiva, manteniendo un doble rasero que es intolerable, sirve a los poderosos y castiga a los que luchan por su soberanía, libertad e independencia”, resaltó.
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