La jueza Sandra Liliana Hernández, destacó que independientemente de la sanción que se le imponga, el acusado tiene derecho a la prisión domiciliaria como alternativa.
Expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez.
La Justicia en Colombia determinó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe cumplir una medida de prisión domiciliaria, luego de que este lunes se le encontrara culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal relacionados con la manipulación de testigos. Sin embargo, fue exonerado del cargo de soborno simple.
De acuerdo con las conductas que llevaron a la condena de Uribe Vélez, la pena oscila entre cuatro y ocho años.
La jueza Sandra Liliana Hernández, destacó que independientemente de la sanción que se le imponga, el acusado tiene derecho a la prisión domiciliaria como alternativa a la pena privativa de libertad.
Asimismo agregó la condena se dará a conocer el próximo 1 de agosto.
El abogado del exmandatario, Jaime Granados Peña, anunció que interpondrán una apelación contra la sentencia en la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Afirmó que la inocencia de Uribe «permanecerá intacta».
En la sentencia, considerada histórica por ser la primera vez que un expresidente colombiano afronta una condena penal, la juez determinó que se había «comprobado, más allá de toda duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez instruyó de manera dolosa a Diego Javier Cadena Ramírez para llevar a cabo los delitos de soborno en actuaciones penales en concurso heterogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo».
Se determinó que el exdignatario utilizó al abogado Diego Cadena para intentar sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien estaba cumpliendo su condena en la cárcel ‘La Picota’, y posteriormente lo presionó para que involucrará al senador Iván Cepeda Castro en crímenes.
La defensa intentó sostener que Cadena actuaba de manera independiente, sin embargo, la jueza indicó que Uribe Vélez tenía conocimiento de las actividades que su representante legal estaba realizando en las cárceles de Colombia; de hecho, el proceso judicial demostró de manera «suficiente» la implicación del expresidente en el delito de soborno en un procedimiento penal.
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