A pesar de la aprobación del senado colombiano no se dijo si con esto se acabaría automáticamente con la consulta popular.
Senado colombiano.
Después de varias semanas de debate y conflictos, el Senado colombiano dio luz verde este martes a una reforma laboral que contempla todas las propuestas del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Sin embargo, el texto aún necesita ser conciliado con lo que apruebe la Cámara de Representantes antes del próximo viernes, fecha en la que finaliza el período legislativo.
La propuesta, entre otros aspectos, elimina los contratos por horas, considerándolos una forma estructural de precarización laboral.
A cambio, asegura el pago de un recargo del 100 % por trabajar los domingos y festivos, establece contratos especiales y brinda garantías para los aprendices.
Además, incluye un recargo nocturno que se activa a partir de las 7 pm y promueve la vinculación laboral de madres trabajadoras en hogares infantiles, según informa El Tiempo.
«Lo ocurrido hoy con la reforma laboral marca un precedente sin precedentes en la historia del país. A partir de ahora, los sindicalistas, la clase trabajadora y todos aquellos que se emplean, podrán disfrutar de un trabajo digno y adecuado, gracias a este Gobierno. Lo que se ha logrado hoy no había tenido lugar en 100 años de historia laboral», expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien jugó un papel fundamental en las negociaciones con el Legislativo.
A pesar de que el documento aprobado hoy por el Senado recoge todas las solicitudes del Ejecutivo, no estaba claro si esto acabaría automáticamente con la consulta popular sobre el mismo tema que está promoviendo Petro, la cual se encuentra en evaluación por la Corte Constitucional.
«Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de conciliación del proyecto», sostuvo al conocer que una porción del Senado negó la emisión de un voto a favor de la consulta.
El mandatario expresó en su perfil de X que, «sin importar lo que decida la corte constitucional», el decreto que firmó posee «toda la legitimidad de ser el presidente electo por voto popular, se respeta, tiene presunción de legalidad y su aplicación es obligatoria».
De lo contrario, afirmó, sería considerado como «sedición». «Pido a todos los abogados comprometidos con la democracia que tomen las acciones correspondientes, conforme a nuestra legislación», añadió.
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