Las autoridades venezolanas desmantelaron el lunes 18 de mayo una granja de minería de Bitcoin en la Zona Industrial de San Vicente, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua.
La gobernadora de Aragua y el viceministro de Energía acudieron al galpón donde estaba instalada la granja de minería de Bitcoin.
Las autoridades venezolanas desmantelaron el lunes 18 de mayo una granja de minería de Bitcoin en la Zona Industrial de San Vicente, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua.
El complejo tecnológico contaba con aproximadamente 4.000 equipos de Circuito Integrado de Aplicación Específica (ASIC, en inglés) —en su mayoría del modelo Whatsminer M30S de MicroBT— y sistemas industriales de refrigeración.
De acuerdo con el reporte oficial, la instalación generaba un consumo estimado de entre 8 y 10 megavatios (MW), lo que, según ellos, provocaba un «impacto severo y daños estructurales» en los sistemas de protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La inspección en el sitio estuvo coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en un trabajo conjunto con la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Central, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Se informó que el operativo se realizó bajo las instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y contó con la presencia en el lugar de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, junto al viceministro de Energía Eléctrica, el general de brigada Vianney Rojas.
El viceministro Rojas detalló que el centro de datos operaba de manera clandestina y afectaba directamente la estabilidad del suministro eléctrico de la región.
Los funcionarios explicaron que, además del consumo directo de la carga energética que demandan 4.000 máquinas ASIC en funcionamiento continuo, la incidencia técnica y las fluctuaciones de estos equipos alteraban de forma constante las protecciones de la red eléctrica, incrementando la inestabilidad en la distribución de energía pública.
Este procedimiento responde directamente a la ratificación emitida por el Ministerio de Energía Eléctrica el pasado 7 de mayo de 2026, mediante la cual se mantuvo la prohibición absoluta de la minería de Bitcoin en todo el territorio venezolano.
El Estado justificó la medida restrictiva debido a la crisis y saturación generalizada del sector energético, reflejada en un pico histórico de la demanda nacional que alcanzó los 15.579 MW, mientras el 35% de los hogares del país enfrenta cortes de luz diarios.
La detección de esta infraestructura en Maracay fue el resultado de la denominada «Operación Cazador», un plan de recolección de información que ejecutan las dependencias de inteligencia militar y policial. Esta estrategia de presión sobre los operadores del ecosistema digital se ha reforzado a nivel nacional mediante incentivos económicos.
En regiones como el estado Carabobo, el gobierno local han implementado esquemas de recompensas de hasta 1.000 dólares a cambio de denuncias ciudadanas que permitan localizar centros de minado clandestinos dentro de las comunidades, como informó CriptoNoticias.
El caso de la Zona Industrial de San Vicente se suma a otras intervenciones recientes ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado. El pasado 13 de mayo de 2026, funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Guaicaipuro y la Guardia Nacional Bolivariana desmantelaron otra granja de minería de Bitcoin en una vivienda de la urbanización Piedra Azul, en Los Teques, estado Miranda.
En esa oportunidad, el lote incautado sumó 204 elementos tecnológicos, entre los que se encontraban 70 mineros de alta potencia de los modelos Whatsminer M30S de MicroBT y Antminer de Bitmain, además de 61 tarjetas de circuito impreso (PCB) con microprocesadores especializados para cálculos de hashing y 17 fuentes de poder conmutadas de alto rendimiento, como reportó este medio.
La situación actual genera un debate respecto a las causas estructurales de las fallas del Sistema Eléctrico Nacional. Mientras los voceros oficiales justifican los decomisos y los despliegues policiales como acciones de seguridad energética indispensables para frenar el contrabando de energía, todavía persisten las interrupciones del servicio eléctrico para más de un tercio de la población.
La inclusión de recompensas financieras para la delación civil traslada la fiscalización regulatoria hacia una vigilancia social activa con el fin de erradicar por completo el uso de la tecnología de Bitcoin en los circuitos eléctricos más críticos del país.
A futuro, el desmantelamiento de la granja en Aragua se perfila como una de las acciones de fuerza más significativas del gobierno tras la anulación legal de la actividad minera industrial y residencial de este activo digital.
Las medidas de fiscalización sugieren que los controles se mantendrán rígidos en las zonas industriales y urbanas para intentar contener la vulnerabilidad de la infraestructura de distribución eléctrica venezolana.
Con información de Criptonoticias
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