El mandatario cubano denunció que el castigo colectivo y las sanciones contra su pueblo constituye un acto de genocidio.

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel / Foto: referencial
El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel desestimó este lunes las sanciones de Washington contra once funcionarios y militares cubanos, dictadas bajo la Orden Ejecutiva del 1 de mayo que facilita el bloqueo de activos en Estados Unidos.
Díaz-Canel aseguró en redes sociales que ningún miembro de la cúpula del partido, el Estado o las fuerzas armadas posee activos o propiedades en Estados Unidos, señalando que Washington es consciente de ello y carece de pruebas para demostrar lo contrario.
Además, vinculó esta medida a la estrategia de presión de Estados Unidos para forzar cambios políticos y económicos en la isla, señalando acciones como el embargo petrolero y la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo para intensificar las sanciones.
El mandatario calificó de inmoral, ilegal y criminal este modo de proceder.
El mandatario cubano denunció que el castigo colectivo contra su pueblo constituye un acto de genocidio, por lo cual exigió la condena de organismos internacionales y el procesamiento penal de los responsables.
Destacó que «la retórica anticubana del odio busca justificar la escalada de una guerra económica total contra la isla. Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este lunes en su lista de sancionados a figuras políticas relevantes de Cuba como el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda, y los ministros de Justicia, Comunicaciones y Energía y Minas, Rosabel Gamón Verde, Mayra Arevich Marín y Vicente de la O Levy.
Además, fueron sancionados varios militares de alto rango, empezando por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Joaquín Quintas Solá, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Eddy Manuel Sierra Arias, y el jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (Minint), Oscar Alejandro Callejas Valcarce.
Otros militares sancionados por EE.UU. fueron el responsable de la Jefatura de la Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín, el jefe del Ejército Central, Raúl Villar Kessell, y el jefe del Ejército Oriental, Eugenio Armando Rabilero Aguilera.
Asimismo, fueron designadas tres entidades: la PNR, el Minint y su Dirección de Inteligencia (DI), esta última a cargo de la represión en la isla.
La sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas.
Esta reciente serie de medidas punitivas se produce en un contexto de extrema crispación entre Washington y La Habana, acentuada por el cerco energético de Estados Unidos y las constantes advertencias de Donald Trump sobre una eventual toma del control de la nación caribeña.
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