En la actualidad, miles de hondureños se apoyan del TPS para mantener un empleo legal.
Corte de Estados Unidos cancela el Estatus de Protección a miles de hondureños.
El Gobierno de Honduras expresó su pesar ante la resolución de un tribunal estadounidense que revoca el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de hondureños, aunque aclaró que este proceso legal no es conclusivo y podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) destacó en un comunicado que lamenta la decisión de la administración estadounidense de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal.
Indicó que la reciente decisión de una Corte de Apelaciones de EE.UU. que favorece la anulación del TPS representa una etapa procesal más que se ha consuma, pero destacó que no se trata de una sentencia final en un caso complicado que, según prevemos, podría llegar hasta la Corte Suprema.
El Gobierno de Honduras sostuvo la protección de sus ciudadanos que participan en este programa, a quienes se les denomina popularmente tepesianos.
Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable», dijo el comunicado.
La respuesta de Honduras se da tras las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien describió la decisión judicial como una «victoria» para el Estado de derecho y una «reafirmación de la Constitución» de Estados Unidos.
Noem afirmó en la red social X que, bajo administraciones anteriores, se «abusó» del TPS para permitir la entrada de «terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional».
Destacó, además, que el TPS «nunca fue diseñado para ser permanente», que administraciones anterior lo utilizaron como «un programa de amnistía de facto durante décadas» y que su terminación es una medida «sabia» ante la mejora de las condiciones en los países beneficiarios.
El conflicto legal se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando la jueza federal Trina Thompson, de California, declaró ilegal la anulación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al reducir el periodo de transición tras la terminación del programa a 60 días.
En la resolución, Thompson determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y que la orden de terminación para Honduras y Nicaragua, prevista para el 7 de julio de 2025, carecía de validez legal.
Los beneficiarios del programa habían demandado al DHS alegando que el fin del amparo migratorio respondía a motivos de «animosidad racial».
El TPS es un beneficio que EE.UU. concede de forma temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales que les impiden regresar de manera segura.
En la actualidad, miles de hondureños se apoyan en este estatus para mantener un empleo legal y protegerse de la deportación.
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