La Fiscalía surcoreana solicitó ante el tribunal una sentencia de muerte para Yoon, quien está acusado de haber conspirado para declarar la ley marcial en diciembre de 2024.
Expresidente Yoon Suk-yeol.
El equipo de la fiscalía surcoreana para el caso de sedición solicitó este martes al tribunal que dicte la sentencia de muerte al expresidente Yoon Suk-yeol. Así lo informa la agencia Yonhap.
La misma jornada, se celebró la audiencia final del juicio por la insurrección de Yoon. En su caso, se espera que el equipo del fiscal especial solicite uno de los tres tipos de castigo permitidos por la ley para el cabecilla de una insurrección: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados, precisa el medio.
Los abogados de Yoon comenzarán con el análisis de las pruebas escritas y los alegatos finales antes de que el equipo del fiscal especial Cho Eun-suk emita su opinión final y recomiende la sentencia para el presidente destituido.
Yoon está acusado de haber conspirado con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros para declarar la ley marcial en diciembre de 2024, un acto inconstitucional e ilegal, con la intención de subvertir la Constitución, a pesar de la ausencia de indicios de guerra, incidentes o un estado de emergencia nacional similar, recuerda el medio.
También se lo acusa de movilizar tropas y policías a favor de la ley marcial con el objetivo de bloquear la Asamblea Nacional, obstruir la votación para levantar la ley marcial e intentar arrestar y detener a figuras clave, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional Woo Won-sik; el presidente Lee Jae-myung (entonces líder del Partido Democrático de Corea); el exlíder del Partido del Poder Popular Han Dong-hoon; y funcionarios de la Comisión Electoral Nacional.
Corea del Sur no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997; desde entonces únicamente se dictó una sentencia de muerte en 2018 y 61 personas permanecen en el corredor de la muerte.
En 2015 se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para abolir la pena capital, que no fue aprobado. Aunque el país ratificó en 1990 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aún no ha ratificado su Segundo Protocolo Facultativo, orientado a la abolición de la pena de muerte.
Con información de Actualidad RT
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