Una demanda contra Miguel Uribe Turbay solicita la pérdida de su investidura.
Senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
Una demanda contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, se ha interpuesto ante el Consejo de Estado de Colombia, quien se encuentra en estado crítico en la UCI de la Fundación Santa Fe después de sufrir un ataque sicarial durante un mitin político el 7 de junio en el barrio Modelia, Bogotá.
Carlos Alberto Sánchez Gras, en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (SINSERGEN MINDEFENSA), ha presentado una denuncia solicitando la pérdida de investidura de Uribe Turbay.
Según el demandante, citado por Caracol Radio, el senador ha estado involucrado en “reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales” para impulsar su candidatura a un cargo de elección popular diferente al que ocupa actualmente, infringiendo así el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el artículo 183, numeral 1°, y el artículo 180 de la Constitución Política.
La demanda, considerada inusual por algunos sectores de la opinión pública, argumenta que hay “fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados” que respaldan estas acusaciones.
Si embargo, las investigaciones sobre el atentado refutan los argumentos del demandante. De acuerdo con Semana, el ataque fue planeado por una organización criminal asociada a la Segunda Marquetalia, y no por un menor actuando de forma aislada, como se sostenía.
La fiscal general mencionó la pista “Caquetá”, dirigiéndose a El Para, en Solano, un histórico bastión de las extintas Farc y un área de operaciones de alias el Paisa e Iván Márquez.
Según el testimonio de alias Gabriela, una joven de 19 años implicada en la planificación, se le ordenó escapar a Florencia después del ataque para eludir ser reconocida.
Mientras el Uribe Turbay, senador para el período 2022-2026, lucha por su vida tras el atentado. La demanda ha generado críticas por presentarse en un momento en que el legislador enfrenta graves consecuencias de un ataque que, según investigaciones, fue premeditado y no un acto aislado.
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