Expresidentes del senado y la cámara son acusados por presuntos actos de corrupción.
Investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia inició este martes una investigación contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su supuesta implicación en actos de corrupción en una entidad estatal, que involucra a varios funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso.
El senador Name, perteneciente a la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, enfrentan acusaciones por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Estas imputaciones están relacionadas con la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según informó la Corte en un comunicado.
En relación a estas contrataciones, la información indica que los congresistas «habrían intervenido» en calidad de «presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes» y «habrían recibido pagos en efectivo» del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
«Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales (de 2023)», indicó la Corte.
De acuerdo con lo que Pinilla reveló el 3 de mayo, el dinero de la UNGRD fue utilizado en 2023 para abonar grandes sumas de coimas a Name y Calle.
El dinero en cuestión fue supuestamente desviado de los fondos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para proveer de agua al departamento caribeño de La Guajira. Este proyecto se vio afectado por la malversación de recursos, ya que los vehículos adquiridos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, entre otras deficiencias.
Entre los implicados se encuentra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, según la Fiscalía, desempeñó un papel crucial, en colaboración con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos (aproximadamente 20,7 millones de dólares). Estos contratos estaban destinados a beneficiar a seis congresistas a cambio de su apoyo para la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, Carlos Ramón González, quien es uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro, ha sido señalado por la Fiscalía como la persona que el año pasado ordenó el pago de sobornos a dos destacados congresistas a cambio de su apoyo legislativo al Gobierno.
(EFE)
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