Han sido reformadas 12 leyes que buscan garantizar el acceso directo y sin cobro de los procesados al sistema judicial por un proceso humanista.
Bajo la premisa “Hagamos humana la justicia”, fue instalada oficialmente en el estado Monagas la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, proyecto social de atención integral creado por el presidente Nicolás Maduro el 21 de junio de 2021.
El acto se llevó a cabo este jueves 23 de mayo en el Palacio de Justicia y contó con la presencia de la plana mayor del Sistema Judicial y diputados de la Asamblea Nacional (AN), entre ellos: la magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente; el diputado a la AN Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior; Giuseppe Casioppo, viceministro para los Servicios Penitenciarios, y Daniel Ramírez, coordinador nacional de la Defensa Pública.
La magistrada Gómez explicó que esta iniciativa busca evitar los hacinamientos en los reclusorios, cumplir con los tiempos establecidos por la Constitución Bolivariana, el Código Penal y demás estatutos legales para todo procedimiento judicial que sostenga un ciudadano, conservando los derechos, principios, garantías e igualdad para ambas partes.
“Esta comisión cumplirá con la importante función de examinar los casos, uno a uno de los privados de libertad con el propósito de verificar, de acuerdo a los estatutos penales, lo que procede y la obtención de algún tipo de beneficio procesal”, dijo.
La autoridad judicial nacional refirió que no permitirán que ningún procesado sea sometido al banquillo de los acusados sin motivo: “No lo vamos admitir”.
Además aseveró que garantizarán los juicios orales y públicos, evaluando elementos a fin de emitir una sentencia en el marco de la ley y del humanismo.
Entre tanto Zerpa recordó que tras recibir instrucciones directas del diputado a la AN Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior, arribó a Monagas con toda la plana mayor de la administración de Justicia para revisar las causas de los procesados y condenados, de manera que se mantenga el acceso directo a la justicia como derecho universal sin obstáculo alguno y con todas las garantías.
Felicitó la excelente organización en Monagas y al apoyo del gobernador Ernesto Luna para realizar esta jornada y agradeció la presencia e invitación de Jorge Alzolay, presidente del Palacio de Justicia; Omar Farías, diputado a la AN; Azucena Jaspe, presidenta de la Comisión en la Región Oriental, y de Gladiana Cedeño, Jueza Rectora de los estados Monagas y Delta Amacuro.
El legislador destacó que gracias a este mecanismo se redujo a más del 50 por ciento la población penitenciaría, que se ubicaba en más de 95 mil internos, sin que esto haya incidido en el incremento de los índices delictivos del país pues, por lo contrario, el margen de reincidencia en los que han recibido beneficios penales en sus procesos, es de apenas un 2 por ciento.
“Nosotros creemos en la dignidad del ser humano, en la presunción de inocencia y para eso instalamos mesas de trabajo para garantizar los derechos de los privados de libertad”, aseguró.
Zerpa indicó que en la actualidad, gracias a la intervención que ejecutó el Estado en 60 cárceles, ahora sólo activas 50 en estas, no existen líderes negativos, ni armas, ni drogas.
“Gracias al Nuevo Régimen Penitenciario tenemos centros como el Nelson Mandela, en donde se exige al confinado estudiar, practicar deporte y trabajar en su proceso de reinserción a la sociedad”, replicó.
En cuanto a los procesados que estaban recluidos en la cárcel de La Pica, recientemente intervenida, dijo que permanecen en el Centro Productivo de Anzoátegui y que, de igual manera, les serán revisados sus casos para la debida administración de justicia.
“Estos casos también serán evaluados y aquellos a quienes se les emita boleta de libertad, les vamos a garantizar el traslado a su lugar de origen”, dijo.
Con este proyecto, indicó el diputado de la AN, han sido reformadas 12 leyes, entre las que se cuentan los códigos Orgánico Procesal Penal, de Justicia Militar y el Penitenciario, para que de este modo se puedan generar mayores garantías penales.
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