Cuba indicó que cumplirá "estrictamente" con las obligaciones y los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
La Cancillería cubana anunció su decisión de cara a la votación que tendrá lugar el próximo 10 de octubre
Cuba anunció su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026 y subrayó que continuará cumpliendo «estrictamente» con las obligaciones y los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
La Cancillería cubana anunció su decisión en un comunicado de cara a la votación que tendrá lugar el próximo 10 de octubre e inició una campaña en redes para promocionar su candidatura y apelar al voto.
El gobierno cubano aseguró que «se compromete a abogar por el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad» y a promover «el fortalecimiento de la cooperación internacional».
Agregó que buscará apoyar «iniciativas y mandatos en temas de interés para los países en desarrollo», así como «espacios para la genuina y eficaz interacción en esta esfera entre los Estados, la sociedad civil y otros actores».
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el contexto de la III Cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Díaz-Canel ratificó entonces la «voluntad de continuar fortaleciendo» los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de DD.HH. de la ONU sobre la base del diálogo «respetuoso y constructivo».
Diversos colectivos independientes, ONG como Human Rights y Amnistía Internacional (AI) y algunos Estados han criticado al Gobierno cubano acusándolo de repetidas violaciones de los derechos humanos.
Han denunciado, entre otras, «detenciones arbitrarias», «juicios sin garantías mínimas» y arrestos y condenas «por ejercer el derecho de libertad de expresión». También han exigido la liberación de condenados por motivos políticos, que según ONG como Prisoners Defenders superan el millar.
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