Denuncian violaciones a la Constitución y las leyes
Continúan sin respuesta y sin poder adquirir sus ahorros
Docentes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador–Maturín (Upel), denuncian, que desde al año 2020, el consejo de vigilancia, conjuntamente con el consejo de administración de Capaupel-Ipmat, ha venido haciendo gestiones respecto a la deuda del patrón con la caja de ahorro que por concepto de retenciones y aportes realizan los profesores, en este sentido, se ha logrado recibir parte de esa deuda que en comparación con lo que falta por recibir es un porcentaje muy pequeño, según informan los profesores Annabelle Rodríguez y Tirso Hernández por medio de un comunicado.
Aseguran que la situación se profundizó luego de dos procesos: «La violación de la autonomía administrativa universitaria y la violación de la Constitución de la República y las Leyes, primero, con el cambio de gestor de pago al sistema patria, en el primer trimestre del 2021».
De igual manera refieren, que la otra violación viene dada con la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) en el primer trimestre del 2022. «Esta situación ha dejado a las cajas de ahorro del país y en especial a la nuestra, en desventaja, en una situación económica de hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo y de ahorro», dijo Rodríguez.
Acotó que se encuentran preocupados por dicha situación, el año pasado, la directiva anterior entregó un comunicado a la superintendencia de cajas de ahorros, fondos de ahorros y similares (Sudeca), por medio del cual solicitaba la intermediación ante el patrón para poder recibir oportunamente las retenciones y aportes correspondientes. «En la misma solicitud se dejó constancia por detallado del monto de la deuda para ese momento, hasta ahora solo hemos recibido sugerencia pero sin solución».
Subraya el escrito, que de la misma forma se envió comunicado a la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela, quienes entregaron en nombre de todas las cajas de ahorro a nivel nacional, la denuncia en Defensoría del Pueblo en el último trimestre del año 2022.
«A pesar de todos los esfuerzos, el patrono en la figura de las autoridades nacionales, no ha dado respuesta y se hace de oídos sordos y ojos ciegos ante la violación de los derechos de los trabajadores, asociados a la caja de ahorro», se lee en la misiva.
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