Se desacelera la economía y es difícil proyectarla

El modesto crecimiento económico observado desde las medidas de 2019 se está ralentizando por la aplicación de políticas contradictorias: Desregulación de precios y control de precios; movilización de la inversión privada para recuperar la economía, pero sin crédito bancario; entre otras. El caso es que nuestra política económica se debate entre cuatro polos que sus formuladores no logran armonizar: Bajar la inflación mediante restricción monetaria, estimular la inversión privada para asegurar el abastecimiento, el estatismo y el fiscalismo.

El estatismo, los controles y el fiscalismo llegaron a su máxima expresión bajo Hugo Chávez. Se re estatizó (SIDOR, CANTV, etc.) y se expropiaron empresas. A lo que se sumaron el control de precios, la sobrevaluación del bolívar, la maximización de las importaciones, el sacrificio de la producción, las exportaciones y el empleo nacional.

Este juego se le trancó a Nicolás Maduro con la caída de los ingresos petroleros en 2014, llegando el desabastecimiento a niveles intolerables. Su gobierno decidió ensayar con el mercado cinco años muy tarde. Ya había parado el absurdo de las estatizaciones y, en 2019, “liberó” los precios, el cambio, permitió la circulación de las divisas y bajó los aranceles. Con estas medidas motivó la inversión del empresariado, quien resolvió el desabastecimiento, importando y luego produciendo.

A pesar de su éxito relativo, este incompleto paquete de políticas promercado está siendo entorpecido por la prolongación de medidas monetarias antiinflacionarias, tales como el alto encaje legal que minimiza el crédito bancario, bajos aranceles y la sobrevaluación. Si bien estas contradicciones se pueden entender al comienzo de la lucha contra la inflación, ahora son contraproducentes. Estamos en una etapa en la que ya las medidas monetarias restrictivas cumplieron su papel, bajando la inflación de 1.680.000% en 2018 a 234% en 2022. Pero ahora se necesitan medidas que bajen los precios mediante el crecimiento de la oferta; impulsando la inversión privada, la productividad, las exportaciones, el empleo y los mejores salarios.

Pero, en vez de recuperar el crédito y privatizar las empresas del Estado, entre otras medidas dirigidas a desarrollar el polo del mercado y el equilibrio fiscal, el gobierno de NM y los municipales optaron por disparar los ingresos fiscales aumentado impuestos, tasas, tarifas y precios, como “si se buscaran salvarse ellos solos”, “cobrándole mucho a los pocos que queden, en vez de cobrarle poco a muchos”. El incremento de los impuestos es extemporáneo porque extrae recursos del inversionista y del consumidor, los actores que han impulsado el crecimiento y, a pesar de que los impuestos son recesivos e inflacionarios, están siendo aplicados en una economía que lucha contra la recesión y la inflación. Es particularmente extemporáneo el impuesto a las transacciones en divisas, IGTF, habiendo sido clave el uso de esas divisas en la modesta recuperación alcanzada. El IGTF representa un absurdo si hace crecer la inflación en 3% del valor transado en cada eslabón de las cadenas. Lo acertado es eliminar el IGTF y avanzar en la dolarización de la economía, al menos permitiendo las transferencias entre dichas cuentas y el porcentaje que se puede prestar sobre las divisas depositadas en las cuentas custodia (que, afortunadamente, recién subió del 10 al 30%).

Otra medida fundamental es subir los sueldos de públicos. Esto incrementaría el consumo privado y la dignidad de esos ciudadanos. Es mentira que no hay dinero para subirlos. La vía sostenible para ese incremento es la privatización de las empresas del Estado y la devolución de las expropiadas. Pero la alternativa que por décadas han seguido nuestros gobernantes ha sido monetizar el déficit, como se hizo en agosto pasado al pagar los reclamos de los maestros. El costo fue alto, se dispararon la inflación y la devaluación. En cambio, al privatizar, se reducen los empleados públicos. Hay más para repartir entre los que queden. Ingresan recursos que pueden ser aplicados a los sueldos de los que sigan siendo empleados públicos. Dejan de erogarse recursos públicos. Se reducen la ineficiencia, la corrupción y la mala imagen de los gobiernos. Las empresas privadas que compren las empresas públicas serían las primeras interesadas en subir las remuneraciones para motivar a sus trabajadores. El éxito de dichas empresas se traduciría en más pago de impuestos.

Este análisis de un caso muestra un excelente ejemplo de cómo armonizar los cuatro polos: el estatismo, lo monetario, el mercado y lo fiscal. Pero, con contadas excepciones, parece que ha sido inútil explicarle esto a los gobernantes desde que le incautaron los bienes a los gomecistas y los llamaron empresas “del Estado”: No han querido renunciar ni a la supuesta ideología estatista ni al poder que les da asignar cargos y dineros públicos en nombre del “pueblo”.

@joseagilyepes

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