Gobierno de Venezuela denunció en febrero de 2020 a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía.
Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI).
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, para conversar sobre la denuncia impuesta ante el organismo internacional contra las sanciones impuestas por Estados Unidos al país.
«Hemos realizado una visita de cortesía al vicefiscal Mame Mandiaye Niang. Explicamos el caso Venezuela 2 sobre las medidas coercitivas unilaterales y su impacto general en el goce y disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, así como elementos de asistencia legal a Venezuela«, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en nota de prensa que en la reunión también se abordó la «necesidad de cooperación y diálogo» para garantizar la «justicia de conformidad con el Estatuto de Roma«.
El Gobierno de Venezuela denunció en febrero de 2020 a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó al fiscal de entonces, Fatou Bensouda, que abriera una investigación contra EEUU por «crímenes de lesa humanidad».
En agosto del año pasado, el país presentó una serie de «evidencias» ante la Corte, como parte de un nuevo informe que buscaba «demostrar» el impacto de las sanciones económicas.
Estados Unidos comenzó sus sanciones a personas y sus bienes privados en 2014 y fue en 2017 cuando empezaron las sanciones a empresas del Estado.
Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal autorización para seguir adelante con la investigación sobre estos presuntos crímenes de lesa humanidad, después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado venezolano.
Esta postura fue rechazada por el Ejecutivo de Venezuela el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos
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