Foro Penal desmintió tener una oficina operativa como publicó la Coalición por los Derechos Humanos.

Sede del TSJ en Caracas. | Foto: Archivo
El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que “no ha sido abierta aún la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela”.
El abogado desmintió así que la oficina estuviera operativa en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como publicó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia este jueves 7 de abril.
“Es importante manejar con mucho cuidado este tipo de informaciones para no generar en las víctimas expectativas equivocadas”, advirtió Himiob.
Otra fuente informó a Efecto Cocuyo “es falsa la constitución de la oficina”. “Me temo que la Coalición se refiere a que el representante de la fiscalía que quedó en el país está trabajando, pero eso no es una oficina en terreno formalmente”, agregó.
El abogado Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), respondió sobre ello que no tienen confirmación de la posible instalación de la oficina.
El abogado experto en derecho penal internacional, Fernando Fernández, explicó que la cooperación técnica es un proceso que toma tiempo porque “hay que definir las reglas sobre cómo va a funcionar, se tiene que establecer el alcance y los límites
que tendrán los funcionarios que designe el fiscal”.El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció desde Miraflores un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para establecer una oficina de ese organismo en Caracas.
«Las partes han acordado que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina en Caracas. Es un paso muy importante y significativo que permitirá cumplir con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí», dijo.
Khan cerró el examen preliminar sobre Venezuela al determinar que hay fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Las autoridades venezolanas deberán demostrar que tienen la voluntad y capacidad para investigar y sancionar la comisión de estos crímenes internacionales. Especialistas en derecho internacional tienen sus reservas pues la legislación venezolana no están tipificados solo se contemplan delitos comunes.
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