Este lunes fue convocada por la Asamblea Nacional (AN) la consulta pública nacional sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la cual asistieron magistrados y jueces, así como representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, rectores de ocho universidades del país, sociedad civil y poder popular.
Se conformaron cinco mesas de trabajo para recoger las propuestas e inquietudes.
Este lunes fue convocada por la Asamblea Nacional (AN) la consulta pública nacional sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la cual asistieron magistrados y jueces, así como representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, rectores de ocho universidades del país, sociedad civil y poder popular.
Así lo informó el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior del parlamento, diputado Pedro Carreño, quien recordó que el pasado 30 de diciembre fue aprobado dicho proyecto en primera discusión y que, por tanto, se ha abierto esta consulta pública.
Para ello, se conformaron este lunes cinco mesas de trabajo para recoger las propuestas e inquietudes, cuyos informes serán presentados este mismo día, en horas de la tarde, en la plenaria de la Comisión Permanente.
Luego, la subcomisión de legislación tendrá la tarea de sistematizar, evaluar y revisar los aportes. Posteriormente, a las 7:00 de la noche de este lunes la Comisión de Política Interior debatirá y aprobará en plenaria el informe final del proyecto de reforma que será remitido a Secretaría, para que en los próximos días sea aprobado por la Asamblea Nacional.
Carreño informó que entre las propuestas se encuentra la incorporación de un artículo en la ley para establecer la obligatoriedad de la rendición anual de cuentas por parte de los magistrados.
En tal sentido, explicó que una vez que el proyecto de reforma de la ley sea aprobado por el parlamento y remitido al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, la Comisión de Política Interior presentará una propuesta de reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates «de manera que ese acto de rendición de cuentas de los magistrados sea al inicio de año», con una comisión especial que reciba sus informes, «que haga la evaluación y en caso de salir reprobado, active el mecanismo constitucional para su remoción».
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