El Ministerio Público solicitó una investigación disciplinaria en contra de la ministra karen Abudinen
Ministra colombiana Karen Abudinen
La ministra colombiana de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Karen Abudinen, presentó su renuncia ante el presidente colombiano, Iván Duque tras el escándalo de corrupción desatado por las presuntas irregularidades de un millonario contrato para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet.
«Señor presidente: de manera respetuosa presento ante usted renuncia irrevocable al cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones», manifestó Abudinen en una carta dirigida al mandatario de Colombia, Iván Duque.
El 6 de septiembre, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció una investigación disciplinaria en contra de Abudinen para determinar su responsabilidad por las irregularidades denunciadas en la etapa precontractual de la licitación pública denominada Centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia.
Para empezar a ejecutar el contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos (unos 263 millones de dólares), el Gobierno dio a Centros Poblados -uno de los dos contratistas- un anticipo de 70.000 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).
Sin embargo, medios locales como la emisora W Radio revelaron que el contratista -que no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado- presentó tres pólizas de garantías bancarias falsas en la licitación y tras, recibir el anticipo, apenas se ha avanzado en la ejecución del contrato.
Por este caso, la ministra enfrentó el 3 de septiembre un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, citado por congresistas de la oposición que pedían su renuncia. En dicha sesión, las bancadas legislativas argumentaron que, si Abudinen no hizo parte del «entramado» de Centros Poblados, al menos pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene en su cargo, que es «cuidar los recursos públicos». Una vez se desató el escándalo, el MinTIC declaró la caducidad del contrato en agosto pasado, por lo cual se impuso al contratista una multa de 39.015 millones de pesos (unos 10,2 millones de dólares).
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