Elvis Amoroso, contralor general de la República.
El contralor general de la República, Elvis Amoroso, aseguró que el órgano que dirige desarticuló una organización delictiva liderada por Juan Guaidó y conformada por otros exdiputados, así como ex funcionarios, quienes intentaban atentar contra el patrimonio nacional para enriquecerse de manera fraudulenta.
Amoroso, también presidente del Consejo Moral Republicano, durante la presentación y entrega de su informe de gestión correspondiente al año 2020 ante la Asamblea Nacional, sostuvo “Durante estos años de gestión y con el propósito de lograr el cumplimiento de la planificación de las actuaciones, desde la Contraloría General de la República se ejecutaron acciones para ejercer el control previo y sincerar las operaciones administrativas, financieras y técnicas en la selección de contratistas, adquisición de bienes y ejecución de obras por parte de entes oficiales de la administración pública Nacional”.
Sostuvo que en el año 2019, se inició una investigación en contra de ex funcionarios y ex diputados, “quienes utilizaron los recursos del Estado para destruir las instituciones legítimamente constituidas”.
La investigación involucró a Juan Guaidó y otros ciudadanos. “Nunca en la historia Republicana habíamos enfrentado un hecho de corrupción de tal magnitud, en donde los individuos de un país atenten contra su propia nación para enriquecerse ilícitamente”.
El alto funcionario detalló que “este grupo de delincuentes hicieron un plan para apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior, con la colaboración de algunos sectores privados del país, logrando relacionar a empresarios extranjeros, entre los que destaca el ciudadano Javier Troconis…”
Seguidamente, aseveró que se detectó un desfalco de 187 millones de dólares, presuntamente otorgado por Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA.
Este máximo organismo de Control Fiscal plantea para una mejor eficiencia, reformar algunas leyes para que incluyan delitos que no están claramente tipificados en la norma, y “pareciera que en vez de sancionar, protegen a los corruptos”.
Manifestó que “No existen corruptos buenos o corruptos malos. Todos deben ser sancionados y deben resarcir el patrimonio público al país”.
En el 2020, se realizaron 462 mil actuaciones y ante la ONU, Viena, se formalizó la denuncia en cómo funcionarios de otros países se vuelven cómplices de la corrupción en el país.
La Contraloría General de la República recibió unas 463.901 declaraciones juradas de patrimonio durante el año 2020, de las cuales 126.545 fueron por el ingreso y 139.710 por el cese de funciones en la Administración Pública, así como unas 2.423 por integrantes de los Consejos Comunales, 4.130 por las juntas directivas de los sindicatos, y un total de 191.093 actualizaciones.
También informó que fueron realizadas 699 actuaciones fiscales en diferentes instituciones, 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones del Estado, aplicaron 422 multas a instituciones y funcionarios que incumplieron las leyes y 64 procedimientos de verificación patrimonial donde existían dudas, mientras quedaron firmes unos 310 expedientes entre los años 2019 y 2020.
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