Francisco Rodríguez, economista.
El economista jefe de Torino Economics, Francisco Rodríguez, afirma que “si (el presidente Nicolás) Maduro se aferra al poder y no se restablece el hilo constitucional, Venezuela va a vivir una crisis económica sin precedentes, y la actual crisis humanitaria tiene el riesgo de desembocar en una catástrofe humanitaria”.

Al calor del intenso debate internacional y nacional sobre Venezuela, el analista financiero sostiene que en este momento “hay una crisis económica profunda. El Producto Interno Bruto (PIB) se ha contraído en 45% desde 2013 y este año se puede contraer, de acuerdo con nuestras estimaciones, si se mantiene la situación actual, un 26% adicional. Ya de por sí, sin contar la reducción de 2019, esta es la más profunda de Latinoamérica. Y al mismo tiempo tenemos los precios creciendo también al mayor ritmo visto en la historia de la región”.
En la actualidad, advierte, “el país ve muy” obstaculizadas “sus transacciones internacionales, especialmente de endeudamiento, por el actual conjunto de restricciones y sanciones que existen; en el caso de que se diera un cambio político, efectivamente esas sanciones se relajarían”.
El traspaso de las cuentas del gobierno y Banco Central de Venezuela (BCV) al “presidente interino” Juan Guaidó, así como la sanción impuesta a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “implican que Venezuela verá una caída muy fuerte de importaciones este año dada la incapacidad de generar ingresos petroleros. Es importante resaltar que es muy difícil hoy en día hacer transacciones internacionales otras que las puramente bilaterales si no se tiene acceso a cuentas dentro de los sistemas financieros estadounidense o europeo”, dice.
 Frente a la posición de algunos países en no reconocer a Guaidó, como es el caso de Rusia y China que respaldan a Maduro, el economista considera que “de eso justamente se trata la internacionalización del conflicto político venezolano”.
 En su opinión “las interacciones comerciales con el gobierno ruso son limitadas, tienen que ver con un préstamo que el gobierno no ha pagado desde hace varios años. Sin embargo, existe una conexión mucho más directa con la compañía petrolera rusa Rosneft, que tiene una acreencia garantizada por 49% de las acciones de Citgo” Petroleum, filial de Pdvsa en Estados Unidos”.
Rodríguez asienta que en el caso, del “gobierno chino ha sido enfático en afirmar que su relación económica es con el país y ellos están partiendo de un principio de no interferencia, pero eso también implica que si aquí se da un cambio político y el gobierno interino de Juan Guaidó es capaz de lograr el control de facto sobre los instrumentos del Estado venezolano, no me cabe ninguna duda que el gobierno chino va a reconocer a ese gobierno, y el gobierno ruso quizás también”.
Rosneft y la deuda
El economista jefe de Torino Economics enfatiza que “el rol de Rosneft es extremadamente importante” y explica que la petrolera rusa “está dentro de la jurisdicción norteamericana, donde en este momento, de acuerdo con las decisiones del gobierno de Trump, el control de las cuentas pertenece a Guaidó. Así que la interacción de Rosneft ahora, por lo menos si quieren cobrar su deuda, es con el gobierno de Guaidó, no con el de Maduro”.
 Apoyo institucional
 Al referirse al eventual acceso de las cuentas del BCV por parte de Guaidó y el respaldo institucional que requiere, dice, que según la Ley del BCV “al Presidente de la República le corresponde el nombramiento de los directores del BCV, que tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional. Incluso, el Legislativo puede nombrar dos directores; me estoy refiriendo a la Ley vigente antes de la reforma que se hizo vía Ley Habilitante a fines 2015, la cual no ha sido reconocida por la AN”.
En ese sentido, destaca que “las leyes recientes aprobadas por la AN dictan que el presidente interino puede nombrar a un nuevo directorio del BCV conjuntamente con la AN, en los términos que especifica la Constitución y la ley”.
Esos canales, precisa, se tienen que seguir para que el BCV esté representado como persona jurídica ante las instituciones financieras estadounidenses, el BCV es autónomo, independiente del Ejecutivo y, por lo tanto, sus cuentas no las puede manejar el Ejecutivo. Y ello es necesario hacerlo, aunque la decisión del Departamento de Estado obvia estos pasos”.

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