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¿Nacionalizar el proceso de negociación?

Soy del criterio que hay que nacionalizar el conflicto.

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Johel Orta, dirigente nacional de Soluciones para Venezuela.

La negociación política siempre ha jugado un papel importante en cualquier proceso democrático, por cuanto, ante cualquier situación o proceso de cambio, permite a las partes involucradas llegar a un punto de encuentro que contribuya a generar mecanismos de transición en beneficio de la población.

Lamentablemente, en Venezuela, el sector radical de los dos factores en pugna mantiene su recelo sobre la negociación que se está llevando a cabo en Oslo, Noruega, bajo la premisa de que cada vez que se han sentado en una mesa de diálogo no se han generado acuerdos concretos; sin embargo, actualmente estamos ante la posibilidad de perdernos como Estado – Nación, lo que obliga a todos a aunar esfuerzos y sentarnos a conversar sobre las diversas posibilidades de salida a este conflicto de una manera pacífica, democrática y electoral, con el fin de rescatar la democracia a través de un gobierno incluyente que permita reconstruirnos como nación.

Desde el centro democrático hemos planteado la importancia de llegar a un proceso de negociación, gobierno de integración y reconciliación nacional. No obstante, para llevar a feliz término este ineludible reto, es inevitable cumplir con algunos puntos fundamentales, como lo son: un acuerdo de gobernabilidad, rescate de la autonomía electoral y el respeto al voto, realización del referéndum consultivo y las elecciones parlamentarias o generales.

Acuerdo de gobernabilidad
Ante el difícil panorama que se nos presenta, caracterizado por la ausencia de elecciones en igualdad de condiciones, la profundización de la crisis económica, política y social, así como la división del país en dos grandes polos enfrentados, conllevando a la falsa realidad de cohabitación de dos poderes ejecutivos, ejecutivos y judiciales, urge llegar a un acuerdo de gobernabilidad por el bien de los venezolanos.

Por esta razón, es momento que los dos sectores enfrentados, representados en una parte por Juan Guaidó, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, quien actualmente goza de un gran respaldo popular en el país y de la comunidad internacional, y por el otro lado Nicolás Maduro, presidente de la Republica, respaldado por la Fuerza Armada Nacional y una estructura política sólida, además de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia y demás instituciones del Estado; asuman el comportamiento de hombres de Estado, haciendo un llamado al entendimiento y la rectificación, comenzando por el reconocimiento de la AN, el desmontaje de la ANC, como una condición previa a la realización de un proceso de elecciones que lleve al cambio, evitar un derramamiento de sangre y facilitar una salida pacífica y democrática.

Rescate de la autonomía electoral
Uno de los principales reclamos de la mayoría de la población venezolana en los últimos comicios, representando incluso uno de los factores influyentes en la abstención del sector que adversa al actual Gobierno, ha sido la conformación de un CNE afecto al proceso revolucionario; por lo que se ha planteado el nombramiento de los cinco rectores para que exista un poder autónomo, que asuma de manera inmediata para poder recobrar la confianza del sistema electoral.

Pese a que la Ley Orgánica del Poder Electoral establece que la directiva del órgano debe ser designada por la AN y que los cinco rectores no deben estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre las alternativas que se vienen manejando están la designación de dos rectores afectos al gobierno, dos cercanos a la oposición y uno permeable para ambos factores.

Siendo así, hay dos vías para llegar a este acuerdo: la vía política, donde a través de un consenso entre la AN y la ANC acuerden cinco nombres, avalados por el Tribunal Supremo de Justicia; y la vía constitucional, tal y como está establecido en la ley, cumpliendo con el nombramiento de los rectores por parte de la AN, para lo cual debe incorporarse la fracción del PSUV a la AN, lo cual permitiría también reconocer que existe un solo Poder Legislativo y salir del desacato dictado por el TSJ.

La conformación de un nuevo Poder Electoral debe venir acompañada por el restablecimiento de los derechos políticos del grupo de partidos que no están avalados por el ente electoral, toda vez que en la actualidad Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática no son partidos políticos, de acuerdo a decisiones legales establecidas por el CNE, por lo que si mañana se convocan unas elecciones no podrán postular candidatos. Además, debe procederse a la depuración y apertura del Registro Electoral, la rehabilitación de los centros electorales y el respeto a la conformación de las Mesas Electorales, con el objeto de frenar el ventajismo y la coacción de los votantes, para lograr convocar un proceso electoral que genere credibilidad, motive la participación ciudadana y el voto independiente, por cuanto, actualmente la mayoría de la población desea un cambio de timón y el 60% desea una salida pacífica.

Referéndum consultivo
Desde el centro democrático no le tememos a un proceso de negociación e integración política que permita la unión de todos los venezolanos, por lo que hemos sugerido además la realización de un referéndum consultivo, como herramienta democrática contemplada en el artículo 71 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 2 y el 5, donde se consulte a la población si está de acuerdo con la realización de una elección general para el restablecimiento de la institucionalidad del país.

Este mecanismo electoral tendría dos preguntas claves: la convocatoria a elecciones generales y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, el cual puede ser solicitado por el presidente de la República en consejo de ministros, el TSJ en Sala plena, o el pueblo venezolano a través de la recolección del 10% de firmas del padrón electoral.

Elecciones legislativas, generales o presidenciales
Otra propuesta que se ha puesto sobre la mesa por parte del Gobierno es el adelanto de las elecciones parlamentarias, las cuales en un principio fueron programadas para el mes de octubre y posteriormente para diciembre de este año; sin embargo, considero que ante la imposibilidad técnica y la conformación de un nuevo árbitro electoral, que es una de las condiciones formuladas por todos los partidos de oposición, posiblemente puedan realizarse en el mes de marzo.

Por su parte, la oposición sostiene que el problema a resolver es la elección de un nuevo poder ejecutivo. Siendo así, hasta que este tema no quede resuelto no deben producirse otros comicios distintos a la renovación de todos los poderes, es decir, unas elecciones presidenciales o generales.

Este es uno de los temas más álgidos, en este caso, el Gobierno estaría cediendo todas las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y concejos municipales, por lo que considero más viable la realización de un proceso refrendario, mediante el cual sea la población quien convoque unas elecciones presidenciales adelantadas.

Soy del criterio que hay que nacionalizar el conflicto, el internacionalizar la crisis venezolana nos ha traído graves consecuencias, convirtiéndonos en un país casi tutelado por las naciones que están dirimiendo nuestros asuntos, cuando somos nosotros y los connacionales quienes debemos ocuparnos de la profunda crisis que vive Venezuela y así evitar una fractura más profunda en la sociedad venezolana.

Johel Orta Moros
@JohelOrtaM (Instagram/Twitter)

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