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Gobierno da respuesta inmediata a caso de agropecuaria Las Garcitas

El Inti, el Gobierno regional y la GNB se reunieron con los propietarios

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Los propietarios de la agropecuaria entregaron la documentación

El gobierno regional y el Instituto Nacional de Tierras (Inti) en el estado Monagas dieron respuesta inmediata a la presunta expropiación de los terrenos de la agropecuaria Las Garcitas, finca productiva ubicada al sur de la entidad en el sector Veladero.

Así lo informó el productor Gustavo Planchart, uno de los que se apersonó en horas de la mañana de este viernes 29 de diciembre a la concentración que se realizó frente a la propiedad de la familia Rojas, para exigir el cese de esta medida.

Según informó a La Verdad de Monagas tras reunirse este mismo viernes con representantes del Inti en la entidad y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en su sede del Comando de Zona Número 51 en Maturín, se aclaró la situación y los propietarios de Las Garzitas entregaron la documentación que los acredita como legítimos dueños de los terrenos, pues tienen la cadena titulativa en regla.

«Nos reunimos con los representantes del Gobierno regional y el Inti, que dieron respuesta inmediata y el resultado de ese encuentro fue bastante bueno, ya que ellos se comprometieron a resolver el caso con los propietarios de las tierras. Se hizo el compromiso con el Inti y hasta la gobernadora Yelitza Santaella está al tanto», explicó Planchart.

Añadió que la supuesta expropiación que recaía sobre Las Garcitas desde el 23 de diciembre no fue tramitada por el Inti en Monagas, que desconocía de tal procedimiento. Recordó el productor que desde hace más de 50 años la familia Rojas tiene los títulos de la agropecuaria que en este momento tiene sembradas 1.200 hectáreas de pasto, así como una importante cantidad de ganado.

Esta mañana un grupo de ganaderos, entre ellos representantes de la Asociación de Productores Independientes del estado Monagas (Asoprimo), quienes manifestaron su rechazo contundente a esta acción que atenta contra la propiedad privada y pone en riesgo el patrimonio familiar de quienes por más de cinco décadas vienen contribuyendo al desarrollo productivo en la región.

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