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España: un plan b para los venezolanos que salen con recursos

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Sandra Araujo, de 51 años, insiste en que Madrid le recuerda mucho a la Caracas de “antes del desastre”. Aunque nació en el interior del país, ella creció y vivió en la capital venezolana casi toda su vida, hasta que decidió marcharse tras el secuestro de uno de sus sobrinos en 2014. Se fue a Miami, adonde ya había mandado a su hija a estudiar y donde tiene tres propiedades de las que vive después de la ruina casi completa del hospital que regenta su familia.

Sin llegar a las cifras millonarias del éxodo venezolano a otros países americanos, el lento pero constante crecimiento de esta comunidad en España se ha disparado un 58% desde 2014, hasta alcanzar el pasado enero 244.671 personas, según las cifras del INE. Madrid, con 42.000 venezolanos, un 142% más que hace cuatro años, es su principal destino.

Este último gran salto ha ocurrido, como lo hizo antes, de la mano de personas con vínculos familiares en la península que facilitan una llegada legal (más del 60% de los residentes nacidos en Venezuela tiene la nacionalidad española), pero también de la de ese otro grupo de empresarios y rentistas en una situación económica desahogada que encuentran en España un plan b, una posibilidad menos hostil a la hora de conseguir los papeles y más barato para vivir y emprender negocios que los Estados Unidos de Donald Trump.

Alexander Rangel, un abogado estadounidense especialista en inmigración, reparó hace unos años en que, aparte de la famosa golden visa —que da la residencia automática por comprar inmuebles a partir de medio millón de euros y a la que habían accedido 79 inversores venezolanos al cierre de 2017—, España ofrecía una posibilidad mucho más accesible: el visado de residencia no lucrativa. Este permite vivir legalmente durante un año, prorrogable a tres, sin trabajar, acreditando una cuenta bancaria con al menos 26.000 euros y pagando un “seguro médico que es muchísimo barato que en EE UU”, explica Rangel.

Por ejemplo, tramitó los papeles de Araujo, que estaba harta de no poder transformar el visado de estudiante en un permiso permanente y del coste de la vida en Miami. Así llegó a Madrid, dejando allí a su hija —“Acaba de terminar la carrera; prefiere quedarse”—, con tres de sus hermanas repartidas por el mundo y otras dos todavía en Venezuela, con su madre, que se aferra a la clínica familiar, aunque ya han tenido que cerrarla casi completamente por falta de materiales. “Tiene abierto prácticamente para atender emergencias con lo que hay”. El plan de Sandra, abogada, es precisamente prorrogar un año su residencia no lucrativa (si logra resolver las dificultades para renovar su pasaporte) y solicitar después la nacionalidad.

El hecho de que la mayor concentración de madrileños de origen venezolano (algo más de 3.500) se dé precisamente en ese distrito, el tercero más rico de la capital, da una idea de ese amplio perfil de migrantes acomodados. Pero, si se mira un poco más —en Tetuán o en Puente de Vallecas, con rentas por debajo de la media, también viven 2.456 y 2.300 personas de origen venezolano, respectivamente—, se puede ver una enorme heterogeneidad de situaciones, por mucho que todas tengan un punto en común: llegar a España requiere un mínimo de recursos.

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