La empresa privada venezolana ha vivido desde hace 40 años, particularmente los últimos 18, en “situación de sospecha”. Se sospecha que las empresas son parasitarias, que es una forma disfrazada de aprovechamiento de la cosa pública, no una institución legítima que genera progreso y bienestar. Durante la era colonial, solo era posible realizar la actividad empresarial si se contaba con la gracia de la Corona, tradición que se extiende hoy en día. La riqueza petrolera y minera, con el subsuelo en manos del Estado, no hizo sino afianzar tal situación. De allí podemos decir que toda fortuna en Venezuela tiene origen público.

La economía venezolana experimentó un crecimiento continuo desde 1920, fecha en la cual comenzó la explotación petrolera, hasta 1978. La empresa privada disfrutó de grandes oportunidades, sobre todo a partir de 1958, cuando el Estado adoptó una política activa para su promoción y protección. Durante esta época se creó por ejemplo la zona Industrial de Valencia, fruto de la concertación del Gobierno con la empresa privada nacional e internacional. Período en el cual hubo la mayor movilidad social ascendente de nuestra historia.

A partir de 1978, la economía venezolana entró en un período de dificultades que se prolonga hasta el presente. Las empresas nacionales comenzaron a sentir el impacto de la fuerte intervención del Estado en la economía, la perversidad de financiar el gasto público con devaluación, la reducción de la demanda y el control de cambios y de precios en la década de los 80.

La década de los 90 se caracterizó por una elevada volatilidad en el mercado petrolerol, la política económica adoptada por el gobierno y la inestabilidad política y social. El mercado petrolero experimentó el auge de la Guerra del Golfo en 1991, de la Crisis Asiática en 1998, y el auge de la recuperación en 1999 y 2000. La política económica pasó por una tímida apertura y reforma del gobierno de Pérez, hasta la reacción antiliberal, los controles y la crisis financiera de los primeros años del gobierno de Caldera, y la arremetida del gobierno Bolivariano.

Crecer en un invernadero   

Entre 1940 y 1960 llegaron a Venezuela más de dos millones de inmigrantes europeos, sobre todo españoles, portugueses e italianos. Muchos de ellos se establecieron como empresarios, de la construcción, metalmecánica, confección, muebles, transporte, comercio, agricultura y servicios. Estaba todo por hacer, se contaba con apoyo del Estado, de manera que no era difícil iniciar una empresa si se contaba con espíritu emprendedor.

La política de sustitución de importaciones establecida a partir de 1958 dio nuevo impulso a la empresa privada nacional motivando la creación de nuevas empresas sobre todo PYMIS. La entrada de Venezuela al Acuerdo de Cartagena en 1971 con la aplicación de la Decisión 24, incrementó las oportunidades de expansión lo cual dio lugar a la aparición de grupos muy diversificados.

La avaricia del Estado también se multiplicó en ese período, con la creación a comienzo de la década de 1960 de Cadafe, y la Corporación Venezolana de Guayana, las empresas del acero y del aluminio. Las telecomunicaciones estaban en manos del Estado después de la compra de CANTV, en 1952. La estatización de las industrias del hierro y el petróleo en 1975 incrementó de manera significativa la injerencia del Estado en la economía.

La política de proteccionismo y la abundancia de recursos, resultaron en inversiones ineficientes en las empresas públicas cuando a los recursos de la renta petrolera se sumaron los del endeudamiento externo. Entonces surgieron nuevos grupos empresariales al calor del favor oficial. El modelo de desarrollo pierde dinamismo a partir de 1978, cuando comienza a caer el rendimiento del capital, seguido por el de la productividad.

Cuesta abajo en la rodada

Cuando el presidente Herrera llegó al poder en 1979, preguntando “¿Donde están los reales?”, el país vivía un momento de pleno populismo. Herrera adoptó políticas de liberalización, incluyendo propiciar la salida de divisas para “enfriar” una economía recalentada, dando inicio a una hemorragia de capitales que no se ha detenido hasta el día de hoy. Al incremento de los precios del petróleo a más de treinta dólares por barril en 1978, como consecuencia de la caída del Shah de Irán, siguió el derrumbamiento de precios de 1982. El gobierno optó por cerrar más el mercado nacional y establecer un régimen de cambio diferencial a partir de febrero de 1983, el famoso viernes Negro. Hacia 1986 el petróleo cayó a menos de 12 dólares por barril. El gobierno de Jaime Lusinchi decidió incrementar el gasto público utilizando las reservas internacionales, para mantener una bonanza aparente en espera del repunte de los precios petroleros, e introdujo un control cambiario y de precios que condujo al desabastecimiento e inflación y dejó la botija vacía, cualquier semejanza con el presente no es coincidencia.

En la década de los 80 el mercado nacional estaba más protegido que nunca, se otorgaban generosos subsidios a la exportación y a las actividades agrícolas.

En 1989 las reservas operativas internacionales se encontraban en 300 millones de dólares, el país no podía honrar su deuda externa y el crédito internacional estaba cerrado. No había otra salida que negociar con el Fondo Monetario Internacional, el cual exigía la apertura de la economía como condición para su apoyo. El nivel de protección arancelaria se redujo de 130% a 10%, y se eliminaron las prohibiciones de importación.

Paralelamente se produjo la apertura a la inversión extranjera. La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena había sido reemplazada por la Decisión 220, mucho menos restrictiva, todos los países andinos se estaban abriendo de forma unilateral al comercio y la inversión.

El programa de ajuste aplicado por el gobierno en 1989, y la política de apertura suscitaron una enconada oposición no tanto de los productores mismos sino de las elites políticas, sindicales y empresariales que vieron amenazados sus privilegios. El no reconocer las pérdidas cambiarias generadas por la deuda externa privada obligó a muchas empresas a afrontar grandes pérdidas y le granjeó importantes adversarios al gobierno. En 1990 y 1991 se había producido un repunte en la inversión privada y un incremento en el crecimiento económico, el empleo y el salario real, con la consiguiente disminución de la pobreza gracias, en parte, al incremento en los precios del petróleo y en parte a los efectos del ajuste y liberalización. Se dio inicio a las privatizaciones de empresas del Estado. Las consecuencias Políticas y Sociales de estas medidas aun las estamos padeciendo.

Rafael Caldera, basó su campaña electoral en la promesa de revertir las reformas económicas emprendidas por el gobierno de Pérez. Implantó el control de cambios y de precios en 1994 pero no llegó a dar marcha atrás como se esperaba en la apertura comercial ni en las privatizaciones. En abril de 1996 ante el deterioro de la economía consecuencia de la crisis financiera de 1994 no le quedó otra alternativa sino la de adoptar una política económica similar a la que había combatido, que comprendía el intento de privatizar las empresas del Estado, pero que resultó menos exitosa que la anterior.

La crisis financiera de 1994 que llevó a la intervención de 18 bancos, cuyo tamaño era equivalente al 60% del sistema financiero, con auxilios que ascendieron a 1,8 billones de bolívares de la época, trajo como resultado el retroceso de la empresa privada nacional en el sector financiero.

El gobierno del presidente Caldera, utilizó el anclaje de la tasa de cambio para tratar de combatir la inflación y el incremento en las tasas de interés para desestimular la fuga de divisas. Las empresas privadas se vieron afectadas por la combinación de apertura del mercado interno, elevadas tasas de interés, inflación y moneda sobrevaluada.

El régimen socialista de siglo XXI del fallecido presidente Chávez y del actual presidente Maduro, ha tomado medidas hostiles hacia la empresa privada. Su discurso populista y su retórica revolucionaria han hecho poco por promover la confianza de los inversionistas y han contribuido a la caída de la producción del País.

Se pueden observar las grandes líneas que conforman el modelo económico bolivariano. Se puede resumir diciendo que se trata de un modelo que privilegia la informalidad, las importaciones y a las empresas del Estado. Combina el mercado como institución de intercambio, con la planificación central como medio para imprimir control social. Aspira a impulsar el surgimiento de un nuevo empresariado “socialista”. Tolera la presencia de las empresas privadas, a pesar de considerarlas instrumentos de “explotación económica”. Tiene una política sistemática de desestimulo a la inversión privada de grandes capitales que afecta a la producción nacional.

Sin embargo, este modelo únicamente ha logrado avanzar en el fomento de la economía informal, ya que 8.000.000 de personas se encuentran en esta categoría de acuerdo a las cifras del INE. Desempleo abierto de 2 dígitos, La pérdida de unos dos millones de empleos formales durante los últimos 5 años, control de cambio que no ha impedido la fuga de capitales, control de precios que no ha impedido la inflación, pronunciado desorden fiscal, la inflación más alta del planeta, desabastecimiento que supera el 85% y la discrecionalidad más aberrante en el manejo de los recursos derivados del petróleo, y todo esto bajo la más grande y larga bonanza petrolera de la historia. Hayek dijo: “Si los Socialistas supieran de Economía, no serian Socialistas”….

Luego de haber hecho un vuelo rasante por los últimos 40 años de nuestra economía, no nos queda más que concluir que definitivamente el modelo de repartición de la renta no es sostenible por más tiempo.

Hemos regresado a una situación no tan diferente a la existente en la década de 1950, excepto que las industrias petroleras, petroquímica y del aluminio están en manos de Estado.

Ha sido difícil para la empresa privada sobrevivir a los vaivenes de la despolítica económica, a dos crisis financieras una agravada por la torpeza del gobierno, a la combinación de apertura de mercado, contrabando y sobrevaluación, a la satanización de la actividad privada y a la inestabilidad política y social de los últimos años.

Hacia un nuevo modelo económico

La economía venezolana debe superar su dependencia de la renta para iniciar la senda del crecimiento sostenible. Para ello se requiere recuperar la confianza para invertir y crear condiciones económicas y sociales favorables. En particular, es necesario evitar la conflictividad ideológica en lo económico.

Es importante que el Estado asuma su obligación como motor de la economía interna y no como un actor de la misma. Es fundamental desarrollar una relación constructiva entre sector público y el privado como base del desarrollo económico del país.

Para que la cooperación público-privada resulte en el fortalecimiento competitivo de la economía, cada acción a tomar debe tener como norte apoyar y dirigir las fuerzas del mercado, en lugar de oponerse a ellas o pretender suplantarlas. Se requiere que los empresarios aprendamos a utilizar el poder del Estado para potenciar nuestras capacidades y no para obtener rentas, o favores.

Para hacer esto es necesario que se creen fuertes alianzas entre la academia, los trabajadores, la sociedad y los gobiernos a fin de que todos juntos construyamos un nuevo modelo económico que dependa más de la libre iniciativa y talento de cada ciudadano que de la renta petrolera.

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