En el artículo de la semana pasada me referí a la crisis que tiene al borde del colapso a la economía nacional. Cité numerosos indicadores y cifras que así lo testimonian.  Desde el poder no se visibiliza ningún propósito de rectificación.

Hoy me ocuparé de la otra devastación, la de la político-institucional.  Se ha aventado al limbo el Estado de Derecho. Es cierto que no hay una noción unívoca del Estado de Derecho, la cual ha tenido variantes en su proceso histórico, pero, a los fines de esta nota, lo fundamental es que el Estado, para ser Estado de Derecho, debe actuar sujeto a normas jurídicas previamente establecidas, es decir, secundum legem. Además del imperio de la ley, debe haber división de los poderes, garantía de los derechos, y control parlamentario y judicial de la actividad  de los poderes públicos.

Tenemos una Constitución y un cuerpo de leyes que no se acatan y se violan a diario. Los gobernantes actúan arbitrariamente, haciendo trizas el principio de la legalidad. Lo que pasa con la división o separación de los poderes, es dramático. Para preservar la libertad, Montesquieu precisó que los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial)  han de tener titulares distintos que, mediante un mecanismo de pesos y contrapesos, se controlan y se logra que “el poder detenga el poder”.  ¿Quién en Venezuela cree que hay independencia, en el marco de una relación equilibrada y racional, de los poderes públicos? Nadie. Es notorio que el Ejecutivo manda en los tribunales, empezando por el tribunal máximo, hemos visto que se anula a la Asamblea Nacional inventándole el TSJ un supuesto “desacato”  y se le crea una Asamblea Nacional Constituyente paralela, y, a veces, funcionarios administrativos desconocen hasta las boletas de excarcelación expedidas por órganos jurisdiccionales subordinados al propio gobierno. Los derechos humanos son “vapores de la fantasía” y las torturas truenan sus gemidos en los calabozos. En cuanto a la  libertad de expresión, se niega papel y tinta a la prensa escrita y, como lo acaba de señalar la ONG Freedom House, “Venezuela se encuentra entre los países con menor libertad de Internet”.

La devastación institucional se conecta e interrelaciona con la persecución de los actores fundamentales de la democracia: los partidos políticos. Se han inhabilitado Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, las organizaciones políticas más importantes del país.

La resistencia continuará contra la faena de los que piensan que desde arriba puede darse la orden del “¡sálvese quien pueda!”.

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